Continúa la polémica por las enmiendas propuestas a la Ley del Juego de Valencia
La diputada Silvia Gómez advirtió que «dará batalla» para que no se haga lugar a las modificaciones planteadas por el Partido Popular y Vox.
España.- La diputada del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) en Les Corts, Silvia Gómez, exhibió su “total rechazo” a la decisión del Partido Popular y Vox de eliminar, a partir de 2024, la normativa que prohíbe la instalación de casas de apuestas y salones de juego a menos de 850 metros de centros educativos y sanitarios. Esta medida, fue aprobada en 2020, pero el actual oficialismo valenciano planea modificarla a través de enmiendas que ya presentó para su consideración.
Según explicaron los autores del proyecto para modificar la norma, se reducirán las restricciones para lograr autorizaciones de locales y máquinas. De acuerdo al síndic del Partido Popular ante las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina, con sus enmiendas conjuntas buscan evitar el cierre de locales de juego que habían obtenido autorización, lo que según él supondría “hasta EUR 420m” en indemnizaciones a abonar por parte de la Generalitat y la pérdida de “miles” de puestos de trabajo.
La diputada socialista Goméz, sin embargo, denunció que la eliminación de estas restricciones compromete y “acaba de un plumazo con el impecable trabajo» que se realizan desde la educación y la sanidad públicas para combatir la ludopatía.
Silvia Gómez exhortó a retirar las enmiendas presentadas a la Ley de Medidas Fiscales, acusando al actual oficialismo de hacer uso de “su método para modificar la ley sin debate alguno”. La representante socialista reivindicó que se mantenga la limitación de distancias con los colegios e institutos como medida para proteger a la infancia y la juventud y urge a que “siempre prevalezcan los intereses sociales y la protección de la infancia y la juventud sobre los intereses económicos y políticos”. En este sentido, destacó que “la salud pública, el bienestar y la educación nunca pueden estar subordinados a intereses que no velen por el desarrollo sano y equitativo de nuestra sociedad”.
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De aprobarse estas dos enmiendas, como se prevé por la mayoría parlamentaria de ambas bancadas, se reducirán las restricciones para lograr autorizaciones de locales y máquinas. Por ejemplo, los salones de juegos y locales específicos de apuestas podrán renovar sus licencias aunque estén a menos de 850 metros de un centro educativo y además podrán situarse en “espacios vulnerables”, contrariamente a lo que dicta la actual ley. Estos establecimientos y los bingos no tendrán que estar separados un mínimo de 500 metros de distancia entre ellos, otra de las modificaciones incluidas en la primera enmienda a la disposición transitoria segunda de la ley.
La segunda enmienda dice: “Por un periodo máximo de cinco años se establece la suspensión de nuevas autorizaciones de establecimientos de juegos, excluidos a los que se refieren las letras d) y f) del apartado tercero del artículo 45 de esta ley”. Es decir, que se permiten las autorizaciones de los “salones recreativos” (letra d) y de “otros locales habilitados para la instalación de máquinas de juego” (letra f). Se continúa con la suspensión de cinco años desde la entrada en vigor de la ley de nuevas autorizaciones de explotación de “máquinas de tipo b o recreativas con premio”, las conocidas popularmente como tragamonedas, pero se incluye una salvedad sobre aquellas “máquina averiadas u obsoletas” que podrán ser sustituidas por una nueva durante su periodo de vigencia.
En resumen, se modifica una ley que fue acusada de ser “muy restrictiva” y recurrida por varias asociaciones del sector. Nuria Ciscar, diputada autonómica del PP, que está llevando la tramitación del proyecto de Ley de Medidas Fiscales, junto con Juan Zaplana, explicó que las enmiendas se han confeccionado después de reunirse con “asociaciones del sector y con los trabajadores”. “La normativa es excesivamente restrictiva y aboca al sector a numerosos despidos o al cierre. La ley ya tiene suficientes controles, como dice el propio Tribunal Superior de Justicia. Además, la Administración debería indemnizar a las empresas con toda probabilidad. La protección del menor y de la salud es una prioridad, pero creemos que está garantizada por las medidas de control”.
