Conajzar sigue bajo la lupa de los legisladores paraguayos
El diputado José Rodríguez reiteró su pedido a la Comisión Nacional de Juegos de Azar de una audiencia pública sobre la nueva ley de tragamonedas.
Paraguay.- A tres meses de la promulgación por parte del Ejecutivo de la ley que regula y controla el funcionamiento de las máquinas tragamonedas, desde el Poder Legislativo advierten que aún no se ha avanzado como se esperaba a raíz de la inacción de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
A fines de abril, el pleno de la Cámara Baja aprobó en sesión extraordinaria dos documentos que exigen a la Conajzar a aplicar la Ley 6903 que establece medidas de protección a menores de edad ante la influencia de máquinas tragamonedas, regulando la habilitación de juegos electrónicos de azar, pero todavía no hubo avances en ese sentido, lo que podría derivar en un pedido de interpelación de la titular del ente regulador, María Galván del Puerto.
El diputado José Rodríguez lamentó la falta de respuesta de la Conajzar para fijar fecha de una audiencia pública en la que se de a conocer la reglamentación de la nueva ley de tragamonedas.
El legislador, que sigue de cerca este tema, dijo que en lugar de fijar una fecha para dicha audiencia pública, Conajzar contó vía escrito que se limitó a enviar un informe a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), para notificar sobre la vigencia de la nueva ley de tragamonedas.
En esta nota, la Comisión le pidió a Opaci que informe a todos los municipios sobre el tema y, a su vez, “se puso a disposición” de las comunas, sin hacer mención a la audiencia pública.
Sí hubo un avance desde la Conajzar al anular el contrato con la empresa iCrop, que la facultaba a fiscalizar las máquinas tragamonedas en Paraguay. Ya que ahora son los municipios quienes tienen el control, la comisión emitió la resolución 24/2022, con la cual finalmente deja sin efecto el contrato establecido entre la institución y la empresa iCrop.
El regulador paraguayo había cedido a la compañía la facultad de controlar las tragamonedas a través de la Resolución N° 34/2020. Tiempo después, ese acuerdo quedó bajo la lupa de la Secretaría Nacional de Anticorrupción y la Contraloría General de la República.
Sin embargo, desde iCrop demandaron a la Conajzar luego de la anulación del contrato.
Causa Conajzar
El ex titular de la Comisión José A. Ortiz y la directora general de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Carmen Alonso, fueron acusados de lesión de confianza.
Los otros acusados en la causa son: Ricardo Núñez; Rubén Rousillón (representante de las gobernaciones); Omar Mongelos y Raúl Mariano Silva Busto, integrante y ex integrante, ambos en representación del Ministerio del Interior y Álvaro Wasmosy, representante de la firma TDP SA.
La Fiscalía sostiene que los acusados habrían concedido de forma irregular adjudicaciones de máquinas tragamonedas, de la quiniela y de otros juegos de azar. Según la imputación, “con respecto al control del funcionamiento de las tragamonedas, la irregularidad consistió en que se cedieron los derechos a una empresa privada, cuando por ley debería ser potestad de las municipalidades”.
La fiscal también solicitó el sobreseimiento provisional para el ex procurador general de la república, Sergio Coscia, ya que a su criterio aún no cuentan con las pruebas suficientes para formular la acusación.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar.
Ver también: Caso Conajzar: los gremios apoyan la decisión de la Fiscalía
