iCrop demandó a Conajzar por la anulación del contrato
La empresa iCrop presentó una demanda contra la Comisión Nacional de Juegos de Azar de Paraguay (Conajzar) para mantener la vigencia del contrato sobre la regularización de tragamonedas.
Paraguay.- La Comisión Nacional de Juegos de Azar de Paraguay (Conajzar) atraviesa semanas complicadas. Mientras avanza la causa contra sus ex funcionarios, se le suma un nuevo conflicto con la empresa iCrop, quien demandó a la comisión luego de que se anulase el contrato que la facultaba a fiscalizar las máquinas tragamonedas en Paraguay.
A mediados de junio, y como consecuencia de la implementación de la ley de tragamonedas, la Conajzar emitió la resolución 24/2022, con la cual finalmente deja sin efecto el contrato establecido entre la institución y la empresa iCrop. El regulador paraguayo había cedido a la compañía la facultad de controlar las tragamonedas a través de la Resolución N° 34/2020. Tiempo después, ese acuerdo quedó bajo la lupa de la Secretaría Nacional de Anticorrupción y la Contraloría General de la República.
A raíz de la decisión de rescindir el contrato, de acuerdo con lo informado por el medio paraguayo ABC, iCrop presentó una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno, a cargo de la jueza Lizza Natalia Reyes, a fin de determinar la vigencia de la Resolución N° 34/2020 de Conajzar.
La Ley 6903 establece un nuevo régimen de control de las máquinas tragamonedas a nivel nacional, mediante la cual se ordenan medidas de protección a niños y adolescentes ante su influencia. La nueva normativa establece que las municipalidades serán las autoridades de aplicación para la habilitación y también para su control, en coordinación con la Conajzar.
La nueva legislación especifica que está terminantemente prohibida la instalación de máquinas de juego y explotación en comercios que no estén vinculados con el sector del juego, como mercados, despensas, peluquerías, salas de internet, farmacias, y casas de comidas, entre otros.
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Causa Conajzar
El ex titular de la Comisión José A. Ortiz y la directora general de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Carmen Alonso, fueron acusados de lesión de confianza.
Los otros acusados en la causa son: Ricardo Núñez; Rubén Rousillón (representante de las gobernaciones); Omar Mongelos y Raúl Mariano Silva Busto, integrante y ex integrante, ambos en representación del Ministerio del Interior y Álvaro Wasmosy, representante de la firma TDP SA.
La Fiscalía sostiene que los acusados habrían concedido de forma irregular adjudicaciones de máquinas tragamonedas, de la quiniela y de otros juegos de azar. Según la imputación, “con respecto al control del funcionamiento de las tragamonedas, la irregularidad consistió en que se cedieron los derechos a una empresa privada, cuando por ley debería ser potestad de las municipalidades”.
La fiscal también solicitó el sobreseimiento provisional para el ex procurador general de la república, Sergio Coscia, ya que a su criterio aún no cuentan con las pruebas suficientes para formular la acusación.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar.
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