Colombia: el 40% de los sorteos y apuestas en el departamento del Cesar se realizan de manera ilegal

Según los funcionarios estatales existen más de 200 puntos de apuestas ilegales en el Departamento del Cesar.
Según los funcionarios estatales existen más de 200 puntos de apuestas ilegales en el Departamento del Cesar.

El secretario de Hacienda departamental pidió que se permitan los controles que restrinjan esta actividad y lograr que esos ingresos sean redirigidos al Estado.

Colombia.- Durante un encuentro del «Comité Interinstitucional de Lucha contra el chance ilegal en el Cesar«, se conoció que actualmente las rentas del departamento se están viendo afectadas por la venta de chance y apuestas ilegales en los diferentes municipios sin autorización y ningún tipo de requisito legal.

De igual manera se estableció que Valledupar y Aguachica, son las ciudades donde más se presenta este flagelo que busca ser combatido por las autoridades tanto administrativas como de Policía Nacional. De acuerdo con el secretario de Hacienda departamental, Andrés Rojas, se están instaurando iniciativas y estrategias que  les permitan realizar los controles respectivos de acuerdo al Decreto 0247 de 2018, para lograr revertir la situación y reducir a su mínima expresión al juego ilegal. El funcionario explicó que el impacto económico oscila entre el 35 por ciento al 40 por ciento, ya que esa es aproximadamente la porción del mercado de juegos de azar que actualmente es ocupada por las prácticas ilegales.

“El Cesar en el último cuatrienio recaudó cerca de COP 3.100m (USD 777.900) anuales provenientes del juego entonces el 40 por ciento de estos recursos equivale a COP 1.100m (USD 276.000), y es lo que se está perdiendo. Son recursos en detrimento a la salud y poder beneficiar a la población más vulnerable”, explicó Andrés Rojas.

El funcionario resaltó que hay alrededor de 200 puntos de apuestas ilegales que no cuentan con la autorización ni del departamento ni de Coljuegos. Para ello han notificado a la Policía Nacional a fin de realizar los operativos pertinentes. Por su parte, Marco Emilio Hincapié, presidente nacional de Coljuegos, reafirmó que solo el Estado puede realizar y organizar juegos en el país.

“Actualmente la ilegalidad casi que bordea más del billón de pesos en transferencia, siendo las máquinas tragamonedas las más recurrentes y las hay en el Cesar sin autorización; además de algunas rifas de orden nacional y los influencers que hacen rifas ilegales a través de las redes sociales por lo cual se han abierto investigaciones”, indicó Hincapié. Resaltó, además, que el Cesar es uno de los departamentos de la región Caribe con más alta ilegalidad, mucho más que Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y La Guajira.

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“Estamos convocando a los ilegales a que se acerquen a Coljuegos para ayudarlos a legalizar. En todo el país hay más de 100 mil máquinas ilegales y 107 mil ilegales, dejando de percibir otros grandes recursos por parte de personas que trabajan sin autorización”, puntualizó Marco Emilio Hincapié.

Precisamente en este sentido, la entidad que preside Hincapié, dio a conocer el proyecto por el cual se reglamenta en todo el país la explotación de “Máquinas electrónicas tragamonedas” (METs). El espíritu del proyecto es reglamentar la operación de estas máquinas en establecimientos cuya razón comercial o fin sea otro diferente a la explotación de “juegos de suerte y azar”.

Según esgrimieron desde el ente regulador, el principal fin que se persigue con esta disposición es que gran parte del juego ilegal que se realiza en el país a través de máquinas tragamonedas, entre en la órbita de la legalidad, no sólo reduciendo los riesgos para los apostadores, sino también contribuyendo con las arcas estatales a través de la recaudación impositiva.

Ahora, tras la publicación del proyecto, se abrió un proceso de envío de comentarios públicos hasta este jueves 14 de diciembre. Una vez que concluya esta etapa, la propuesta seguirá siendo evaluada por actores de la industria, el gobierno y demás interesados. La importancia de esta etapa radica en que plantea la situación al grueso de la población colombiana para que todos aquellos interesados puedan acercarse con sus propuestas a fin de colaborar en transparentar el funcionamiento de las tragamonedas en el país.

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