Brasil evalúa destinar hasta US$1.340m anuales de las apuestas deportivas a la seguridad pública
El gobierno negocia redireccionar parte de la recaudación del sector hacia fondos federales y estatales, en medio del debate por la PEC de Seguridad y tensiones políticas en la Cámara de Diputados.
Brasil.- El Gobierno de Brasil negocia utilizar una parte de la recaudación proveniente de la tributación de las apuestas deportivas para financiar políticas de seguridad pública, en una decisión que podría representar un aumento recaudatorio de entre R$ 6.000m (US$1.150m) y R$ 7.000m (US$1.340m) anuales. La iniciativa se discute en el marco de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de Seguridad que se votará en la Cámara de Diputados y representa un nuevo capítulo en la redefinición del destino de los recursos generados por el sector.
Según explicó el líder del Partido de los Trabajadores en la Cámara, Pedro Uczai, la propuesta contempla redireccionar el porcentaje adicional aprobado sobre la tributación de las casas de apuestas, cuya alícuota fue elevada recientemente, para reforzar los presupuestos de seguridad. De concretarse, los recursos se dividirían en partes iguales entre la Unión y los estados, lo que implicaría un alivio fiscal relevante para las administraciones regionales, presionadas por mayores costos en patrullaje, tecnología y combate al crimen organizado.
Actualmente, parte de la recaudación de las apuestas deportivas está destinada a la seguridad social. El cambio requeriría un ajuste en la asignación de esos fondos, pero evitaría la creación de un nuevo impuesto, uno de los principales objetivos del Ejecutivo tras la resistencia encontrada en intentos legislativos previos. Para la industria del juego, la discusión confirma el creciente peso de la recaudación del sector dentro del esquema fiscal brasileño.
La estrategia surge luego de que el oficialismo sufriera un revés en la tramitación del denominado PL Antifacción, cuando fue bloqueada la creación de una contribución específica (CIDE-Bets) sobre las apuestas para financiar la seguridad. En esta nueva etapa, el gobierno busca reutilizar una fuente de ingresos ya existente, apoyándose en la expansión y formalización del mercado regulado de apuestas deportivas.
El debate se da en paralelo a fuertes tensiones políticas dentro de la propia PEC. El relator del proyecto, Mendonça Filho, mantuvo en su informe la posibilidad de convocar un referéndum sobre la reducción de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, un punto que genera resistencia en sectores de la base oficialista y parte del llamado Centrão.
El presidente de la Cámara, Hugo Motta, participa de las negociaciones y reconoció que el tramo sobre la mayoría penal es el más sensible para el gobierno. La posibilidad de suprimir ese apartado mediante una votación separada es una de las alternativas sobre la mesa para evitar que el eje ideológico complique la aprobación del texto principal.
Más allá de la disputa política, el foco económico está puesto en el potencial recaudatorio del mercado de apuestas, cuya carga tributaria fue incrementada en los últimos meses como parte del proceso de regulación. Con una alícuota que pasó del 12 por ciento a niveles superiores tras las modificaciones aprobadas por el Congreso, el Ejecutivo considera que existe margen suficiente para reasignar recursos sin afectar la sostenibilidad del modelo.
