Avanza en el Congreso el proyecto que legaliza el juego online en Chile

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto.

Chile.- A pesar de las demoras en su tratamiento, finalmente hubo novedades acerca del proyecto que legalizaría el juego online en el país andino. Ayer, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar sobre esta materia y ahora pasa a su discusión en particular.

El Proyecto de Ley N°035/2022 fue aprobado por la comisión con 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. La medida fue introducida a principios de marzo de 2022, pero no había podido avanzar hasta esta semana.

En la última sesión estuvieron presentes la Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, Solange Berstein y el Director Nacional del SERNAC, Andrés Herrera, para entregar su opinión en esta materia.

En una entrevista con el medio local El Dínamo, Carlos Baeza, abogado representante de Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin, valoró el avance de este proyecto de ley y lo califica como “una excelente señal, porque, de avanzar, ubicará al país en el 73 por ciento de los países de la OCDE que han regulado el funcionamiento de las plataformas de apuestas en línea de forma integral, abordando las dimensiones institucionales, tributarias y publicitarias de la industria”.

Además, dijo que “la regulación permitirá que los usuarios puedan distinguir las plataformas que cumplan con los requisitos que dicte la normativa, y esto va en la dirección de lo que siempre hemos defendido, que es una actividad completamente legal”.

A su vez, Baeza hizo referencia a la importancia de la mesa técnica de trabajo con el ministerio de Hacienda encabezada por Mario Marcel: “Confiamos en que se mantengan participativos con este proyecto de ley, pensando en un aumento en la recaudación fiscal”, comentó.

Cabe recordar que estaba previsto que la comisión de Economía de la Cámara de Diputados comenzara en agosto del año pasado el tratamiento del proyecto de ley, sin embargo desde el Ejecutivo solicitaron demorarlo ya que el Ministerio de Hacienda estaba preparando una reforma impositiva que incorporará un gravamen a las apuestas online. El plazo estipulado eran 30 días, pero nunca más hubo novedades al respecto. 

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La iniciativa que se encuentra en discusión permitirá a sociedades que obtengan una licencia general de una duración de cinco años, renovable, o una licencia temporal por seis meses, no renovable, la explotación de cualquier objeto de apuesta o juego de azar, a excepción de loterías y aquellos que contengan o transmitan gráficas, mensajes o sonidos que atenten contra el orden público, la seguridad nacional, la honra de las personas, o sean dirigidos a menores de edad.

Las sociedades deberán ser constituidas en Chile e informar el origen de los fondos necesarios para explotar el negocio, detallar sus accionistas y beneficiarios finales, además de estar obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos. Todo el que tenga una cuenta de usuario y que sea mayor de edad, podrá jugar. La fiscalización recaerá sobre la Superintendencia de Casinos de Juego que pasaría a llamarse Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar.

Desde el Gobierno, explicaron que las firmas que operen juegos remotos deberán pagar un impuesto específico, sustitutivo del IVA, de un 20 por ciento de sus ingresos brutos; un pago por licencia de 1.000 UTM al año para los que tengan una licencia general y 100 UTM para los que tengan una licencia temporal. Y si las Plataformas de Apuestas en Línea (PAL) tienen por objeto desarrollar apuestas deportivas, deberán entregar un 2 por ciento de sus ingresos brutos anuales a la Federación Nacional del deporte objeto de la apuesta. Además, las sociedades operadoras deberán gastar al menos un 1 por ciento de sus ingresos brutos anuales en acciones destinadas a la promoción del desarrollo de juego responsable.

Los usuarios también se verán afectados a un tributo: tendrán que desembolsar un 15 por ciento de sus ingresos obtenidos en esta actividad, al momento de retirar dinero desde su cuenta de usuario a su cuenta personal.

Según la SCJ, la industria igaming ya genera USD170m anuales. Así, el fisco recaudaría aproximadamente USD 11.5m el primer año y al quinto año se acercaría a los USD60m, lo que representa 0.02 puntos del PBI del país.

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Acusaciones cruzadas

Luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) dijera que son “ilícitas”, desde la Asociación Chilena de Casinos de Juego pidieron por la regulación de la actividad, y aseguraron que mientras no haya avances en ese sentido, las empresas son “ilegales”, según las palabras de la presidenta ejecutiva de la asociación, Cecilia Valdés.

Ante estas declaraciones, Carlos Baeza, abogado representante de Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin, dijo que difiere respecto a la “interpretación en relación a la ilicitud de esta actividad”.

“Más allá del aporte inmediato de recursos al fisco y las facultades que puedan o no tener las autoridades para calificar su naturaleza, nuestro argumento ha sido, desde siempre, que las plataformas de apuestas en línea son legales“, sostuvo Baeza. 

Cecilia Valdés, representante de los casinos chilenos dijo: “Desde hace tiempo que las apuestas y juegos de azar online requieren de una ley que las autorice expresamente, ya que mientras esas ley no exista, actúan en la ilegalidad. Los representantes de las plataformas han dicho que el Estado no puede rechazar los recursos que supuestamente pagarían”.

Baeza respondió: “Más allá de lo señalado por Cecilia Valdés en su carta y en sus numerosas apariciones públicas, vale la pena preguntarse cuál es en realidad el interés de los casinos presenciales de cara al proyecto de regulación. Ciertamente la ‘ley corta’ es totalmente contraria a la libre competencia y a todos los principios que recoge el proyecto y que la carta dice defender”.

Por último, afirmó: “No estamos en presencia de un problema jurídico ni de uno práctico. Estamos ante una campaña de desprestigio de la industria del juego en línea por parte de los casinos presenciales, con el único objeto de obtener beneficios en el proyecto de regulación que se discute en nuestro Congreso, proyecto que recoge y se alinea con las legislaciones más modernas y competitivas del mundo y que, en cambio, nosotros decididamente apoyamos”.