Avanza el Proyecto 25.057 para frenar el juego ilegal en Costa Rica
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dio luz verde a la iniciativa impulsada por la Junta de Protección Social que propone ordenar y modernizar el mercado oficial de juegos de azar.
Costa Rica.- La Junta de Protección Social (JPS) informó que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó el texto sustitutivo del Proyecto de Ley 25.057. La iniciativa propone ordenar y modernizar el mercado oficial de juegos de azar en Costa Rica.
El texto sustitutivo incorporó ajustes técnicos, jurídicos y recomendaciones de asesorías legislativas. Desde la JPS se señaló que los cambios fortalecen la propuesta y corrigen aspectos del planteamiento original.
Tras la votación en comisión, el expediente pasará ahora a consultas obligatorias que exige la ley y el texto será remitido a instituciones del sector justicia, entidades de supervisión y autoridades económicas para que emitan criterios oficiales.
La iniciativa punta a endurecer las sanciones contra la operación ilegal de loterías, apuestas deportivas y juegos de azar electrónicos, además de cerrar brechas normativas que han permitido el avance de estructuras criminales vinculadas al sector.
Según la JPS, el país enfrenta un mercado informal que opera sin regulación específica, un escenario que facilita ventas clandestinas y que, en los últimos años, ha sido aprovechado por organizaciones delictivas. La institución advierte que este vacío legal afecta directamente a la comercialización oficial establecida en la Ley 8718 y vulnera un marco jurídico que quedó obsoleto: la normativa vigente data de hace más de cinco décadas.
El expediente 25.057 introduce dos pilares centrales para ordenar el mercado. En primer lugar, amplía el alcance regulatorio a las plataformas digitales, aplicaciones móviles y sistemas electrónicos, una respuesta a la proliferación de juegos en línea no autorizados. En segundo término, incorpora la figura del “título habilitante” como requisito obligatorio para operadores regulados, estableciendo mecanismos más robustos de supervisión y control.
La JPS destacó que la iniciativa fue presentada en junio con el respaldo de más de diez diputaciones y que constituye un paso “necesario para cerrar vacíos legales que facilitan actividades no autorizadas”. Además, subraya que la actualización permitiría cortar fuentes de financiamiento utilizadas por redes ilícitas que se valen del mercado informal para lavar dinero o sostener otras actividades criminales.
En línea con lo expuesto en octubre por autoridades de la JPS ante la misma comisión legislativa, el organismo insiste en que fortalecer la normativa es esencial para proteger los recursos destinados a programas sociales y de salud pública.
