Andalucía y el gobierno español refuerzan la prevención sobre la adicción al juego

El pacto busca establecer un mecanismo de colaboración entre los correspondientes registros de jugadores autoprohibidos.
El pacto busca establecer un mecanismo de colaboración entre los correspondientes registros de jugadores autoprohibidos.

La Junta de Andalucía y el Gobierno Central firmarán un convenio para proteger a las personas que figuran en los registros de jugadores autoprohibidos.

España.- La Junta de Andalucía y el Gobierno Central firmarán un convenio con el fin de sumar medidas de protección y prevención sobre la adicción al juego. El acuerdo, que se suscribirá por un periodo inicial prorrogable de cuatro años, será firmado por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. La firma del convenio permitirá intercambiar información sobre los registros de jugadores autoprohibidos.

El pacto busca establecer un mecanismo de colaboración entre los correspondientes registros de interdicciones de acceso al juego, también conocidos como registros de autoprohibidos, de ámbito estatal y autonómico.

De esta forma, se buscará imposibilitar la participación en juegos online o impedir el acceso a los establecimientos de juego ubicados fuera de Andalucía a las personas que figuran en el registro andaluz. Asimismo, las personas que figuren en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) estatal no podrán acceder a los establecimientos de este tipo que existen en Andalucía.

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Por otro lado, la semana pasada, el Consell aprobó la Estrategia Valenciana Integral de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico 2023-2027, el cual refuerza el compromiso del Gobierno de la Comunitat Valenciana con la protección de la ciudadanía, especialmente de los grupos más vulnerables. La aprobación de esta estrategia, pendiente durante más de dos años, llega como respuesta a la Ley de Regulación del Juego y de Prevención de la Ludopatía en la Comunitat Valenciana, que estipulaba un plazo máximo de 12 meses para su implementación.

La estrategia tiene como objetivo colaborar con otras administraciones públicas y organizaciones vinculadas al juego en la Comunitat para proporcionar un enfoque integral en la prevención y tratamiento del juego patológico.

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