La Asociación Brasileña de Radiodifusores y Televisivos pide intervenir en la causa contra la ley de publicidad de apuestas en Rio Grande do Sul
La asociación de radiodifusores solicitó al Supremo Tribunal Federal actuar como amicus curiae en la ADI 7.971, que cuestiona la constitucionalidad de la Ley Estatal 16.508/2026.
Brasil.- La Asociación Brasileña de Radiodifusores y Televisivos (Abert) presentó una solicitud ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para participar como amicus curiae en la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 7.971. La entidad, con 64 años de trayectoria y representación de unas 2.500 emisoras en los 26 estados y el Distrito Federal, argumentó que puede contribuir al proceso por su experiencia y alcance nacional.
Abert advirtió que la Ley 16.508/2026 de Rio Grande do Sul, que restringe la publicidad de apuestas de cuotas fijas, podría obligar a generar programación exclusiva para ese estado, creando incertidumbre jurídica y un precedente para que cada unidad federativa establezca sus propias normas. Según la asociación, las consecuencias de la norma terminarían extendiéndose más allá de los límites territoriales.
La ley estatal exige que los anuncios incluyan advertencias sobre los riesgos del juego con un mínimo del 15 por ciento de visibilidad y un audio equivalente al mensaje principal. También prohíbe contenidos dirigidos a menores de 18 años, limita la publicidad al horario de 21:00 a 6:00 y restringe la difusión en estadios, eventos deportivos y espacios cercanos a escuelas.
Además, prohíbe la exhibición de cuotas, bonificaciones e incentivos durante transmisiones en directo, salvo en casos de patrocinio oficial.
Postura de la Fiscalía General
La posición de Abert coincide con la de la Fiscalía General de la República (AGU), que solicitó suspender la ley. Sostiene que la regulación de la publicidad en el sector es competencia exclusiva del Gobierno Federal y que la norma contradice la Ley Federal N.º 14.790/2023 y la Ordenanza SPA/MF N.º 1.231/2024. Además, señaló que esto crea un sistema regulatorio paralelo y citó precedentes del STF (ADI 5575 y ADI 3877), que invalidaron regulaciones estatales en el sector de la comunicación.
La Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul (ALRS) respondió a la ADI 7.971 defendiendo la constitucionalidad de la norma. Argumentó que los estados tienen facultades para proteger a la infancia, la juventud y la salud pública, basándose en los artículos 23 y 24 de la Constitución Federal. El fiscal general del estado, Eduardo Cunha da Costa, afirmó que las restricciones buscan prevenir la ludopatía y el sobreendeudamiento, protegiendo a los sectores más vulnerables.
La acción de ANJL y próximos pasos
La acción fue promovida por la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), que representa al mercado regulado de juegos en línea. La entidad sostiene que el mercado ya está reglado por la ley federal y que los estados no tienen autoridad para crear normas en conflicto con la legislación nacional.
En mayo, la ministra Cármen Lúcia, relatora del caso en el Supremo Tribunal Federal, ordenó la tramitación prioritaria de la ADI 7.971 y solicitó declaraciones tanto al gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como al Procurador General de la República. Tras la intervención de la Fiscalía General de la República, el siguiente paso será escuchar al Procurador General de la República (PGR), antes de que la ministra emita su dictamen.
