Uruguay: el grupo Cipriani criticó el proyecto de ley de juego online

El Senado uruguayo avanza con el tratamiento del proyecto de juego online, que despierta polémica.
El Senado uruguayo avanza con el tratamiento del proyecto de juego online, que despierta polémica.

Representantes de Giuseppe Cipriani aseguran que la iniciativa para legalizar el juego online en Uruguay es incompleta.

Uruguay.- El proyecto para legalizar el juego online en Uruguay que fue enviado por el Ministerio de Economía a fines del 2021, finalmente comenzó a ser tratado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores la semana pasada y se abrió lugar a nuevas polémicas.

Según lo informado por el medio local El Observador, durante la sesión en la Cámara Alta, tuvieron la palabra representantes del grupo Cipriani, uno de los principales grupos empresarios que invierten en el juego en el país charrúa, y definieron a la iniciativa legislativa como “incompleta”. 

En su descargo, insistieron en la necesidad de una normativa integral que ordene todo el sistema de juegos de azar online y otorgue igualdad de condiciones para las empresas participantes. 

El proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Casinos a “explotar directamente el juego online, así como a autorizar dicha modalidad de juego a aquellos que previamente hubiesen obtenido la concesión o permiso de explotarlo en forma presencial”.

Por otro lado, agrega que estas actividades podrán ser prestadas “directamente” por la Dirección General de Casinos “mediante el sistema tradicional o por las operaciones vigentes que funcionan bajo el denominado sistema mixto“.

Además, se sostiene que “el Poder Ejecutivo podrá autorizar en forma previa y revocable, la prestación de dicha actividad a los concesionarios de juegos de casinos en forma presencial o a quienes posean dicho título habilitante en el futuro, de conformidad con el procedimiento que conforme a Derecho corresponda”.

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De acuerdo con lo expresado por Pablo Monsuárez en la sesión, el proyecto solo regula los juegos online y no los juegos de azar online y, al regular los juegos de casino online, los pone en manos de la Dirección Nacional de Casino y deja el resto de los juegos de azar online en manos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, que no tendría competencia para hacerse cargo. 

Monsuárez agregó que a esta situación se suman tres resoluciones definidas por el abogado como “ilegales” que datan del 2020 y que a su juicio hay que derogar. Esas resoluciones dictadas por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas “dan el juego online entero” a la empresa Banca de Quinielas “gratis” y “sin una inversión a cambio”, sostuvo el abogado. 

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A su vez, explicó que uno de esos decretos le da la posibilidad de explotar el canal presencial de apuestas cuando la ley de Turismo dice que debe haber licitación pública. Según Monsuárez la Banca no paga canon de nada, “factura USD500m, pero no paga canon”, aseguró y agregó que el resto de las empresas que explotan los juegos en el país, —Enjoy, Cipriani, Codere— pagan canon “como corresponde”. 

“Si esto, que es un avance parcial, queda como está, va a haber un sistema que es hemipléjico, rengo e injusto”, sostuvo el abogado quien agregó que esta situación “va a generar que haya jugadores o participantes en el mercado que tengan ventajas comerciales clarar y no infraestructuras grandes que mantener”.

Por último, cerró diciendo que “hay que ser claro con la igualdad de condiciones para quienes participan, cosa que no se da”. 

La crítica de Monsuárez va en consonancia con lo expresado por el partido Cabildo Abierto que a comienzos de año dijo que el proyecto está incompleto y que debe ser revisado. El diputado Sebastián Cal anunció que su partido presentaría un proyecto alternativo en donde exigirán que los operadores de los casinos online paguen un canon. 

Cal resaltó que el juego online, si bien no está habilitado actualmente, la Banca de Loterías y Quinielas está exceptuada de esta reglamentación y declaró: “hay una gran confusión que tiene la mayoría de los orientales, y diría que hasta muchos actores políticos –para mi sorpresa–, que piensan que el Estado tiene alguna participación en La Banca”.

“Pero el Estado no recibe de La Banca más que los mismos impuestos que paga el almacenero o el carpintero”, agregó. El diputado finalmente dijo que habría que revisar los pagos que realiza La Banca y añadió “que solamente pague impuestos es un tema a revisar”.

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