Un funcionario de Guadalajara fue acusado de permitir la operacion de tragamonedas ilegales
Las autoridades locales están investigando si el Secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara percibía pagos a cambio de permitir la instalación de tragamonedas ilegales.
México.- Un escándalo se desató en la ciudad de Guadalajara tras destaparse un mercado de tragamonedas ilegales en el que estarían involucrados algunos funcionarios municipales.
De acuerdo a una investigación presentada por el medio local Indigo, Eduardo Martínez Lomelí, Secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara y Juan Pablo Sánchez González, el segundo al mando de la Policía tapatía habrían percibido dinero a cambio de permitir la operación de slots ilegales.
La noticia llega pocos días después de que el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, anunciara que en las últimas cinco semanas se triplicaron los operativos contra las máquinas tragamonedas que funcionan de forma clandestina en la ciudad.
De acuerdo con información proporcionada por el Ayuntamiento de Guadalajara y publicada por el medio local Trafico ZMG, entre octubre del 2021 y el 28 de septiembre del 2022, se decomisaron 504 máquinas, de las cuales ya fueron destruidas 290.
La acusación que pesa sobre Martínez Lomelí y Sánchez trascendió luego de que la policía encontrara cuatro mantas con el siguiente mensaje en tono intimidatorio: “Secretario Eduardo Lomelí y Pablo Sánchez, segundo de la Policía de Guadalajara, cada mes les llega su cuota, cumplan los acuerdos con los maquineros. Última advertencia”.
El caso no es nuevo; ya en 2018 algunos miembros del partido Morena habían denunciado que personal del ayuntamiento recibía pagos a cambio de un permiso para operar máquinas tragamonedas ilegales.
Los denunciantes afirmaron que los operadores de juegos ilegales pagan hasta MX$600 (USD30,6602) por mes para poder funcionar sin temor a que la policía allane sus locales.
Eduardo Martínez Lomelí rechazó las acusaciones
El Secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara negó las acusaciones que pesan en su contra y afirmó que se trata de una campaña de tintes políticos.
Además, Martínez agregó que iniciará acciones legales contra aquellos que lo acusaron falsamente y llamó a la ciudadanía a que denuncie cualquier irregularidad que detecte respecto al juego ilegal.
Por último, el funcionario aseguró: «Seguiré trabajando por las personas, con la conciencia tranquila, la frente en alto y sirviendo a mi ciudad”.
La Secretaría de Gobernación (Segob), por su parte explicó que las máquinas tragamonedas prohibidas por la ley son una fuente de corrupción de menores y agregó que cuentan con información de que detrás del uso e instalación de este tipo de máquinas existe una amplia red de delincuencia organizada.
La entidad incluso reportó que este tipo de actividad genera un ingreso aproximado de MX$600m (USD30m) por semana.
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