En Uruguay impulsan proyecto para establecer plataforma estatal para regular el juego online
El senador Felipe Carballo busca que se considere su iniciativa de establecer una plataforma pública manejada por el Estado y un sistema mixto con privados bajo supervisión pública.
Uruguay.- El senador del Frente Amplio, Felipe Carballo, que recientemente presentó un proyecto de ley para regular el juego en línea en Uruguay, volvió a insistir en la necesidad de crear una Plataforma Estatal de Juego Online dependiente de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, para que el Estado lidere la oferta y el control de los juegos digitales en coordinación con operadores privados.
En declaraciones al medio local El Telégrafo, Carballo explicó sus motivaciones para impulsar dicha ley, asegurando que debe “reformularse una nueva legislación que cambie esta que viene desde el siglo XIX y pretendemos que en 2026 este tema sea discutido a nivel parlamentario». Y agregó: «Nuestro proyecto es solo un disparador para mejorar su articulado, pero Uruguay debe darse una nueva discusión sobre el juego online y legislar para mejorar los controles e incorporar recursos a las arcas del Estado”..
El proyecto también prevé la formación de una Agencia Nacional de Regulación de Juego Online, con autonomía para emitir licencias, auditar plataformas y algoritmos, controlar transacciones, gestionar un Registro Nacional de Apostadores Digitales y sancionar incumplimientos. Los usuarios deberán registrarse obligatoriamente, con límites personalizados de gasto y trazabilidad financiera. Además, operar sin licencia pasaría a ser considerado delito.
Argumentos del legislador
En la entrevista, el senador explicó que iniciativas similares fracasaron en el pasado porque “tocaban intereses muy grandes” y agregó: «Estamos hablando de la banca privada, por ejemplo, que tiene el monopolio de los juegos en el país. Los adelantos tecnológicos ayudaron a la existencia de los juegos online y en la actualidad, cualquier persona con acceso a un celular, Internet y a una tarjeta de crédito puede apostar”.
Carballo advirtió sobre problemas de salud mental vinculados a la ludopatía, que afecta a unas 35.000 personas en Uruguay, y la falta de control sobre menores que apuestan. “Todo ese espacio vinculado al juego le pertenece al Estado uruguayo, que lo único que ha hecho es dar en concesión a la banca privada para su explotación”, afirmó en diálogo con el diario.
Debate 2026
El proyecto busca modernizar la legislación vigente y adaptarla a la actualidad digital. La propuesta es considerada un “disparador” para abrir el debate parlamentario en 2026 y mejorar su estructura.
El modelo planteado establece un sistema habilitado, con licencias y controles, basado en esquemas mixtos que funcionan en otros países. El Estado conserva la plataforma de explotación principal, pero habilita la participación de operadores privados bajo reglas estrictas, trazabilidad financiera y fiscalización reforzada. Según Carballo, “el Estado debería tener una plataforma propia, avanzar en los controles y armar un registro de apostadores para evitar que ingresen menores a las apuestas”.
A fines de 2025, el director general de Casino, Fernando Estévez, se reunió con representantes de la recién creada Cámara Uruguaya de Operadores y Arrendadores de Servicios de Casino y Salas de Esparcimiento (CUOASEC). Allí, el funcionario les adelantó que el gobierno de Yamandú Orsi está preparando una serie de proyectos de ley tanto para regular el mercado del juego online como para fiscalizar el sector y las máquinas tragamonedas que funcionan de manera clandestina en el país.
El diario uruguayo reveló que el objetivo del Ejecutivo es crear un sistema habilitado, con licencias y controles, basado en esquemas mixtos que funcionan en otros países. Así, el Estado conserva la plataforma de explotación principal, pero habilita la participación de operadores privados bajo reglas estrictas, trazabilidad financiera y fiscalización reforzada. El segundo proyecto se enfocará en la regulación de tragamonedas y salas de juego, mientras que un tercer proyecto abordará una reforma institucional más amplia, orientada a la modernización del modelo estatal de gestión del juego. El debate incluye desde actualizar controles de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas hasta evaluar si Uruguay necesita un organismo centralizado para la supervisión del juego presencial y online.
