Puerto Rico: operadores de máquinas de juegos contra la Comisión de Juegos

La Unión de Operadores de Máquinas en Ruta (UNOMAR) brindó una conferencia de prensa para criticar la nueva reglamentación para las máquinas de juego y apuntó contra el director de la Comisión de Juegos.

Puerto Rico.- Luego de que el Tribunal Supremo levantase la impugnación a los reglamentos nuevos de las máquinas de juegos de azar, la Unión de Operadores de Máquinas en Ruta (UNOMAR) brindó una conferencia de prensa para criticar a la Comisión de Juegos de Puerto Rico, diciendo que con la nueva reglamentación se ponen en riesgo a los pequeños comerciantes. 

En su descargo, UNOMAR, que representa a una treintena de operadores de máquinas en ruta, aseguró que la Comisión continuó emitiendo certificaciones de manera ilegal a operadores de máquinas de juegos no cualificados mientras pesaba una orden de paralización a los reglamentos que buscan regular esta industria en Puerto Rico. 

Además, el grupo dijo que los reglamentos aprobados en mayo de 2020 buscan beneficiar a grandes corporaciones y presentan trabas para que pequeños comerciantes locales que operan legítimamente máquinas de juegos al azar puedan certificarse. 

“El Tribunal Supremo acaba de decir que los operadores demandantes que impugnaron los reglamentos, que no son los operadores de UNOMAR, no podían demandar debido a que no se les había multado por la Comisión de Juegos ni habían sufrido daños. Es decir que, si son multados, pueden impugnar los reglamentos”, explicó Michael Corona, representante de los demandantes en ese caso y actual representante legal de UNOMAR.

Corona agregó que “desde que comenzaron los esfuerzos gubernamentales de regular la industria de máquinas en ruta, los procesos que se han seguido han sido altamente cuestionables y han estado plagados de irregularidades. Comenzando con la creación de los reglamentos, que fueron aprobados de forma ilegal, siguiendo con la emisión de certificaciones ilegales a empresas de nueva creación, en lugar de a operadores bona fide, como establece la ley, y continuando con actuaciones totalmente antiéticas del director de la Comisión”.

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Según lo informado por el medio local Metro, específicamente, en su descargo, hicieron mención a los reglamentos 9174 y 9175, conocidos respectivamente como Reglamento para la Fiscalización Operacional e Interconexión de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta y Reglamento de Expedición, Manejo y Fiscalización de Licencias para máquinas de juegos. Ambos reglamentos fueron impugnados en tribunales por entender que fueron aprobados ilegalmente por la Comisión, mientras que la Junta de Supervisión Fiscal aún no los ha revisado ni aprobado.

En estos reglamentos se establecen los parámetros para legalizar 25,000 máquinas por el momento, hasta un máximo de 45,000, de un total de cerca de 80,000 que se estima que hay en todo Puerto Rico.

Uno de los voceros de UNOMAR, Gilberto Narváez, dijo: “Aquí hay dos caras de la moneda. El país debe conocer toda la verdad. La Comisión de Juegos y su director, Orlando Rivera, se han alineado con los grandes intereses, para beneficiar únicamente a unos pocos y dejar fuera a los operadores legítimos de máquinas de juego”.

En la conferencia, Narváez agregó que “la aprobación ilegal de los reglamentos que ahora regulan la industria y las actuaciones del director de la Comisión han sido un ataque frontal a nuestra industria. Insistimos en que es hora ya de que se destituya al señor Rivera, quien abiertamente ha favorecido a sectores a los que debe fiscalizar, por su constante interés de ponernos trabas en el camino a quienes por años hemos cumplido con todos los requerimientos de ley aplicables”.

Aseguró también que los integrantes del grupo “son partidarios de que nuestra industria sea regulada, pero las reglas deben ser justas para todas las partes, no solo para el Estado”.

Se explicó que, hasta la fecha, la Comisión otorgó poco más de 100 certificaciones a operadores que son declarados mayoristas. Por ley, deben poseer un mínimo de 100 máquinas y un máximo de 250. Cada marbete o licencia tiene un costo de USD1,500 por máquina, por lo que el costo mínimo por una certificación es USD150,000. De igual forma, el gobierno requiere que los operadores de máquinas de juegos en ruta se conecten a un sistema central de computadoras, que todavía no se ha implementado, y se sustituyan las máquinas fabricadas en la isla por máquinas importadas.

En relación a esta temática, Oscar Morales, otro de los portavoces del grupo, denunció: “El gobierno está obligando a los llamados mayoristas, que son quienes han podido obtener las certificaciones porque tienen el poder adquisitivo para hacerlo, a pagarle unos costos altísimos por licencia por máquina. Pero, muchos de estos mayoristas son empresas recién creadas hace apenas unos meses. Son personas con dinero que han montado empresas para beneficiarse de estos reglamentos arbitrarios con costos absurdos e imposibles de cubrir para la inmensa mayoría de los operadores legítimos de máquinas de juegos en Puerto Rico”.

Morales aclaró que los negocios que no han podido certificarse bajo el reglamento de la Comisión cuentan con licencias emitidas previamente por el gobierno, por lo que no operan las máquinas de forma ilegal. 

Los reglamentos 9174 y 9175 que llevaron a esta situación surgen a raíz de la Ley 81 de 2019, conocida como la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, que otorgó a la Comisión la responsabilidad de reglamentar las máquinas de juegos. Antes de esto, la responsabilidad caía bajo la Compañía de Turismo en virtud de la Ley de Reforma Contributiva aprobada en 2018.

Finalmente, desde UNOMAR informaron que se mantendrán atentos a varios proyectos y resoluciones que se discuten en la Legislatura para enmendar las leyes vigentes y fiscalizar a la Comisión.

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