Proyecto para regular el juego en República Dominicana: ADOBAD denuncia que están en riesgo cerca de 20 mil empleos
Desde la asociación que agrupa a las bancas deportivas manifestaron su rechazo al texto presentado por el Ejecutivo.
República Dominicana.- Se sumó una nueva voz en contra del proyecto para establecer nuevos mecanismos de control y regulación sobre la industria del juego, presentado hace dos semanas por el Ejecutivo dominicano. Esta vez fue el turno de la Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (ADOBAD) de presentar su descontento con el documento legislativo, asegurando que pone en riesgo más de 20.000 puestos de trabajo.
A través de un comunicado de prensa, desde la asociación calificaron al texto como una “potencial catástrofe”, que tendría un “efecto devastador para las familias dominicanas”, por la accesibilidad que tendrían menores de edad a los juego de azar, abocando la sociedad dominicana a un “caos mayúsculo que el propio Estado no podrá controlar”.
Para la Asociación, «el proyecto de ley adolece de numerosos errores y fallos estructurales«, por lo que consideró que, de ser aprobado, «profundizaría el desorden, lastimando la seguridad jurídica de las inversiones realizadas hasta el momento». En ese sentido, afirmaron que la sanción del proyecto de ley aniquilaría la efectividad del plan de regularización, emprendido por el propio Gobierno en 2022.
Francisco Pérez, miembro de ADOBAD, aseguró que actualmente cuentan con más de 3.500 bancas deportivas que aportan al Producto Interno Bruto de la nación y a la economía, las que se verían afectadas con la pieza que fue sometida vía del Senado de la República.
Pérez expresó que el documento legislativo, propuesto por el presidente de la República, además, abre las puertas a la expansión indiscriminada de los juegos de azar en el país, porque según dice, permitiría la comercialización de juegos electrónicos virtuales en establecimientos que carecen de condiciones locativas que ofrezcan estándares mínimos de seguridad para el acceso a tales productos y servicios.
Por su parte, Nicolás Bahamón, consultor de la entidad, señaló que la pieza fue elaborada sin consultar a importantes actores del sector de bancas deportivas y que el esquema tributario contemplado generaría condiciones “lesivas” para la industria, lo que motivaría que estas terminan convertidas en agencias hípicas, que según el texto, serían exentas de pagar impuestos de operación.
Cabe recordar que desde la Asociación Dominicana de Casinos de Juego (ADCJ) también criticaron la forma en la que se enteraron de la iniciativa y presentaron su parecer respecto a algunos puntos del texto. En un comunicado oficial, David Moniz, presidente de la ADCJ, calificó la difusión del proyecto como «precipitada», señalando que se ha prescindido de un “diálogo constructivo y necesario” para la elaboración de una legislación que, por su alcance, requiere amplio consenso técnico y sectorial.
El representante del gremio reconoció que la propuesta legislativa contiene avances importantes, como la creación de un instituto rector que consolide la supervisión del sector y la inclusión de mecanismos de protección a los usuarios y consumidores. No obstante, advirtió que la normativa propuesta también plantea limitaciones y rigideces que podrían obstaculizar el desarrollo sostenible del sector y generar efectos negativos tanto para la industria como para el Estado y la sociedad en general.
