Prohibición a los casinos online en Brasil: la propuesta de Lula enfrenta barreras legales y económicas, dicen especialistas

La medida requeriría la aprobación del Congreso, donde el propio Gobierno sancionó la norma vigente. La prohibición podría generar inseguridad jurídica y fortalecer el mercado ilegal.

Entrevista exclusiva.- La propuesta del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de prohibir los casinos online en Brasil, planteada en un reciente mensaje en cadena nacional, enfrenta obstáculos legales y podría generar un fuerte impacto regulatorio y económico, según especialistas consultados por el equipo de Focus Gaming News.

Durante el discurso, en referencia al Día Internacional de la Mujer, Lula afirmó que buscará articular con el Congreso la creación de una legislación para frenar los llamados “casinos digitales”, citando perjuicios para las finanzas de las familias brasileñas y el aumento de la adicción a las apuestas.

Para la especialista en Derecho Constitucional y Administrativo y exsecretaria adjunta de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), Simone Vicentini, cualquier intento de prohibición necesariamente debe pasar por el Poder Legislativo.

“Cualquier modificación de las disposiciones de la Ley 14.790/23 debe, necesariamente, ser sometida a la aprobación del Congreso Nacional. Aunque el Gobierno eventualmente pueda dictar una medida provisoria sobre el tema, la propuesta debe ser aprobada por el Congreso en un plazo de hasta sesenta días, prorrogable una única vez por igual período, bajo pena de perder vigencia”, afirma.

También señala una contradicción en el propio proceso legislativo reciente. “Cabe destacar que en la Medida Provisoria 1.182, dictada en julio de 2025, el Gobierno federal proponía regular únicamente las apuestas deportivas, pero sancionó sin vetos el texto con la inclusión de los juegos online aprobada por el Congreso, por lo que no se justifica una prohibición posterior de la explotación de los juegos online, afectando a un sector que invirtió y se estructuró en el país con base en un marco legal recientemente creado por el propio Estado brasileño”, agrega.

En la misma línea, el abogado Udo Seckelmann, socio del área de Gambling & Crypto de Bichara e Motta Advogados, refuerza las limitaciones del Poder Ejecutivo.

“Una prohibición de las apuestas de cuota fija no podría darse simplemente por una decisión administrativa del Ejecutivo, ya que el sector fue estructurado por una ley federal (Ley Nº 14.790/2023). En teoría, el Gobierno podría intentar dictar una medida provisoria, pero incluso en ese caso la medida debería ser convertida en ley por el Congreso para volverse definitiva. Por lo tanto, un cambio de esta magnitud inevitablemente pasaría por el debate legislativo”, explica.

Impacto en el mercado y riesgo jurídico

La eventual prohibición también genera preocupaciones sobre el futuro de las empresas ya autorizadas a operar en el país. El mercado regulado entró en vigor en enero de 2025, tras un proceso que incluyó exigencias técnicas, financieras y el pago de licencias millonarias.

Según Vicentini, un cambio abrupto tendría un alto potencial de conflicto judicial. “Sería un movimiento de altísimo impacto regulatorio y elevado potencial litigioso. El mercado regulado comenzó formalmente el 1 de enero de 2025, con decenas de empresas autorizadas tras un largo y robusto proceso administrativo, mediante el cumplimiento de requisitos técnicos, financieros y de idoneidad, con el pago de R$30m (US$5,7m) por autorización por un plazo de 5 años. Estas empresas, por lo tanto, invirtieron recursos significativos en el mercado regulado brasileño, generan empleo e ingresos y pagan los tributos correspondientes”, afirma.

La exsecretaria adjunta de la SPA destaca además que la discusión involucra principios fundamentales del derecho regulatorio. “Esto no significa, técnicamente, que exista un ‘derecho adquirido’ absoluto a la inmutabilidad regulatoria; pero sí implica que no es jurídicamente trivial suprimir autorizaciones onerosas y vigentes sin transición, sin una regulación legal específica y sin una fuerte judicialización. El debate pasaría por la seguridad jurídica, la protección de la confianza legítima, la previsibilidad regulatoria y una eventual responsabilidad del Estado, dependiendo del diseño de la medida”, señala.

El abogado Udo Seckelmann también advierte sobre los efectos en la percepción internacional de Brasil. “Un cambio de esta magnitud generaría serias preocupaciones en términos de seguridad jurídica. Las empresas realizaron inversiones relevantes basadas en un marco legal aprobado por el propio Estado brasileño. Modificar abruptamente este modelo generaría disputas judiciales y afectaría la percepción internacional sobre la estabilidad regulatoria del país”, sostiene.

La prohibición podría fortalecer el mercado ilegal

Otro punto destacado por los especialistas es el posible efecto contrario al buscado por el Gobierno. Para Vicentini, la prohibición no necesariamente protegería a los apostadores.

“Además, es un hecho que la prohibición no protege al apostador; por el contrario, lo deja desprotegido al exponerlo al mercado ilegal, sin el necesario monitoreo estatal, sin medidas de prevención de trastornos del juego patológico o compulsivo, sin combate a delitos como el lavado de dinero y todo tipo de fraudes, sin cumplimiento de la legislación de defensa del consumidor, protección de datos y otras garantías que solo un mercado fuertemente regulado y supervisado puede ofrecer”, afirma.

“A modo de ejemplo de la pretensión de prohibir de forma definitiva que los beneficiarios de programas sociales realicen apuestas, la prohibición de los juegos online, además de su alto potencial de judicialización, estaría fortaleciendo el mercado ilegal de juegos online, justamente lo contrario de lo que se pretende”, agrega Vicentini.

Seckelmann refuerza esta preocupación al analizar el escenario práctico. “En la práctica, considero poco probable una prohibición total. Brasil acaba de estructurar un mercado regulado, con una recaudación tributaria relevante y mecanismos de supervisión. Revertir este modelo ahora requeriría mayoría en el Congreso y seguramente tendría el efecto de empujar a los apostadores de vuelta al mercado ilegal”, evalúa.

La tendencia es hacia mayor regulación, no prohibición

En la evaluación de los especialistas, el escenario más probable no es una prohibición total, sino un endurecimiento de las reglas.

“Hoy veo más posibilidades de un ‘endurecimiento regulatorio’ que de una prohibición total. El discurso político puede volverse más duro contra los llamados ‘casinos digitales’, especialmente en año electoral, pero convertir eso en una prohibición amplia exigiría un proceso legislativo complejo, con un alto costo jurídico, fiscal y reputacional para el propio Gobierno”, afirma Vicentini, destacando también el factor económico involucrado.

“Otro punto a considerar es de naturaleza fiscal y regulatoria: el Estado brasileño acaba de consolidar un mercado regulado, recaudó miles de millones con licencias y viene utilizando ingresos del sector en discusiones presupuestarias y de seguridad pública, lo que reduce el incentivo práctico para una ruptura total y amplía el margen para una solución intermedia: más restricciones, mayor control y mayores costos regulatorios, sin necesariamente eliminar el modelo”, concluye el especialista.