Presentaron enmiendas para eliminar restricciones en la Ley de Regulación del Juego en Valencia

Las enmiendas modificarían los aspectos más restrictivos de la ley aprobada en 2020.
Las enmiendas modificarían los aspectos más restrictivos de la ley aprobada en 2020.

Los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox hicieron caso a los reclamos planteados por los empresarios del sector del juego y avanzan en una modificación de la norma promulgada en 2020.

España.- Los grupos parlamentarios del Partido Popular (PP) y Vox presentaron en las Cortes valencianas enmiendas para eliminar y reducir algunas restricciones, moratorias y prohibiciones para la renovación de salones y máquinas tragamonedas contempladas en la “Ley de regulación del juego y de prevención de la ludopatía” de la Comunitat Valenciana, aprobada en 2020 por el anterior Gobierno de la Generalitat.

“Son dos medidas que nos parecen justas”, señala al diario local El País Alejandro Landaluce, director general de Cejuego, la asociación empresarial que representa mayoritariamente al sector privado en España, en relación con las enmiendas de los partidos que conforman el actual Consell.

Ambas modificaciones se han presentado al proyecto de Ley de Medidas Fiscales, una ley de acompañamiento de los presupuestos que se suele emplear para colocar modificaciones legislativas que afectan a cuestiones muy diversas.

De aprobarse estas dos enmiendas, como se prevé por la mayoría parlamentaria de ambas bancadas, se reducirán las restricciones para lograr autorizaciones de locales y máquinas. Por ejemplo, los salones de juegos y locales específicos de apuestas podrán renovar sus licencias aunque estén a menos de 850 metros de un centro educativo y además podrán situarse en “espacios vulnerables”, contrariamente a lo que dicta la actual ley. Estos establecimientos y los bingos no tendrán que estar separados un mínimo de 500 metros de distancia entre ellos, otra de las modificaciones incluidas en la primera enmienda a la disposición transitoria segunda de la ley.

La segunda enmienda dice: “Por un periodo máximo de cinco años se establece la suspensión de nuevas autorizaciones de establecimientos de juegos, excluidos a los que se refieren las letras d) y f) del apartado tercero del artículo 45 de esta ley”. Es decir, que se permiten las autorizaciones de los “salones recreativos” (letra d) y de “otros locales habilitados para la instalación de máquinas de juego” (letra f). Se continúa con la suspensión de cinco años desde la entrada en vigor de la ley de nuevas autorizaciones de explotación de “máquinas de tipo b o recreativas con premio”, las conocidas popularmente como tragamonedas, pero se incluye una salvedad sobre aquellas “máquina averiadas u obsoletas” que podrán ser sustituidas por una nueva durante su periodo de vigencia.

En resumen, se modifica una ley que fue acusada de ser “muy restrictiva” y recurrida por varias asociaciones del sector. Nuria Ciscar, diputada autonómica del PP, que está llevando la tramitación del proyecto de Ley de Medidas Fiscales, junto con Juan Zaplana, explicó que las enmiendas se han confeccionado después de reunirse con “asociaciones del sector y con los trabajadores”. “La normativa es excesivamente restrictiva y aboca al sector a numerosos despidos o al cierre. La ley ya tiene suficientes controles, como dice el propio Tribunal Superior de Justicia. Además, la Administración debería indemnizar a las empresas con toda probabilidad. La protección del menor y de la salud es una prioridad, pero creemos que está garantizada por las medidas de control”.

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En este sentido, Landaluce esgrimió que desde que se promulgó la ley se han cerrado 42 salones de juego de los cerca de medio millar que hay en la Comunidad Valenciana y estima que la indemnización a las empresas ante una sentencia favorable se elevaría a unos EUR 350m. Las enmiendas del PP y Vox a la ley “más restrictiva” de España son “un reconocimiento a una realidad”, destacó.

También consultado por El País, Fidel Molina, presidente de SOS Hostelería, opinó: “Los cambios en la ley propuestos matizan algunos de los aspectos más ideológicos de la ley que afectaban al empleo, así como reducían la capacidad recaudatoria de la Generalitat. No es ni mucho menos lo que el sector querría, pero sin tocar el espíritu de la ley son cambios que evitan daños tanto a la administración como a las empresas y sus trabajadores”.

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