Presentan propuesta para crear un marco legal para loterías estatales y municipales en Brasil
El diputado federal Fernando Marangoni introdujo el Proyecto de Ley Nº 5.982/2025, que propone un marco regulatorio unificado para las loterías subnacionales, con normas sobre gobernanza, licencias, integridad, tecnología, protección al apostador y distribución de recursos.
Brasil.- Brasil avanza hacia un modelo regulatorio unificado para las loterías estatales y municipales con la presentación del Proyecto de Ley Nº 5.982/2025, presentado por el diputado federal Fernando Marangoni. La iniciativa busca crear el Marco Legal de las Loterías Estatales y Municipales, un conjunto integral de normas para estandarizar la creación, operación, fiscalización y financiamiento de las loterías regionales en todo el país.
El texto establece reglas para la explotación, gestión, supervisión, transparencia financiera y destino de la recaudación de todas las modalidades lotéricas permitidas a nivel subnacional. Los estados y municipios que ya operan loterías deberán adecuar sus reglamentos internos a las directrices nacionales una vez que la ley entre en vigor.
Según la propuesta, la explotación de las loterías podrá realizarse directamente por los entes públicos o delegarse al sector privado mediante licitación, concesión, acreditación o asociaciones público-privadas. Los contratos tendrían un plazo máximo de 15 años y estarían sujetos a auditorías permanentes por parte de órganos de control internos y externos, incluidos los tribunales de cuentas. Aunque los operadores sólo podrán actuar dentro de los límites geográficos del estado o municipio que otorga la autorización, los consumidores mantendrían libertad para elegir dónde apostar.
Para recibir una delegación, las empresas deberán demostrar presencia local, capacidad financiera, idoneidad de socios y ejecutivos, cumplimiento fiscal y laboral, y una infraestructura tecnológica auditable y segura. También se prohíben conflictos de interés con entidades deportivas y se exige adhesión a organismos de integridad cuando haya apuestas vinculadas al deporte.
Entre las innovaciones más destacadas está la creación del “asesor de loterías”, una figura empresarial autorizada a intermediar apuestas, adquirir billetes oficiales, almacenar comprobantes, entregar premios y operar plataformas o redes de distribución. Estos intermediarios no sustituyen al operador autorizado, que sigue siendo el responsable final por la integridad y legalidad del servicio.
El proyecto dedica un capítulo completo a la protección del apostador, reconociendo sus derechos fundamentales. Entre ellos: acceso a información clara, protección de datos según la LGPD, atención al cliente accesible, y herramientas de prevención del juego compulsivo. Se prohíbe la participación de menores, el ofrecimiento de crédito para apostar, bonificaciones que incentiven el juego y publicidad dirigida a niños o que presente el juego como una fuente de ingresos. Los operadores deberán ofrecer mecanismos de autolimitación, alertas de comportamiento compulsivo, autoexclusión y materiales educativos.
La integridad tecnológica es otro pilar central. Los sistemas deberán ser totalmente auditables y se incentiva el uso de tecnologías como blockchain para asegurar trazabilidad. Los reguladores tendrán acceso continuo y seguro a los sistemas de apuestas, y la fiscalización estará a cargo del ente público titular del servicio, los tribunales de cuentas y el Ministerio Público.
En materia de recaudación, el proyecto determina que la renta líquida se destine exclusivamente a áreas de interés público como salud, educación, asistencia social, deporte, seguridad, cultura, turismo, innovación y tecnología. Cada jurisdicción deberá crear un Fondo Especial de Gestión y Garantía Lotérica, financiado con el 0,05 por ciento de la recaudación bruta. Los premios no reclamados en 90 días se dividirán entre los fondos de educación y defensa civil. Además, se requerirán informes trimestrales de transparencia financiera y operativa.
El proyecto también introduce reglas para los medios de pago, que deberán estar integrados a Pix, garantizar trazabilidad total y permitir acceso directo del regulador a las cuentas operativas. Las entidades financieras serán clasificadas por porte y sometidas a obligaciones proporcionales de gobernanza, capital y auditoría. También se les prohíbe operar con loterías no autorizadas.
El régimen de sanciones es particularmente severo: contempla advertencias, multas proporcionales al facturamiento, suspensiones de hasta 180 días, cancelación de autorizaciones y prohibiciones de operar por hasta 10 o 20 años. Plataformas digitales y proveedores de Internet deberán bloquear el acceso a loterías ilegales cuando sean notificados.
De aprobarse, el proyecto se convertiría en el marco regulatorio más amplio jamás propuesto para el sector lotérico subnacional en Brasil, con el objetivo de modernizar operaciones, fortalecer la integridad del sector y garantizar que los recursos se destinen de forma transparente y eficiente a políticas públicas esenciales.
