Por qué el Ministerio Público de Goiás lleva a la Justicia a 251 empresas de apuestas

De acuerdo a la presentación judicial, las compañías no advierten adecuadamente a los consumidores sobre los potenciales efectos adversos del juego.

Brasil.- El Ministerio Público de Goiás presentó una acción civil pública contra 251 empresas de juegos deportivos y casinos en línea que operan en Brasil. El objetivo es mitigar los riesgos relacionados con la adicción a las apuestas y el sobreendeudamiento.

Según el medio CBN Goiânia, la acción requiere que las empresas adopten medidas de transparencia y garanticen una mayor protección a los consumidores. Las empresas, autorizadas por el Ministerio de Hacienda, están acusadas de no advertir adecuadamente sobre los peligros del juego compulsivo y los impactos negativos asociados al juego en línea.

La presentación judicial solicita que las plataformas comiencen a mostrar advertencias claras y destacadas sobre los riesgos de adicción y posibles trastornos asociados al juego. También se requiere una mayor transparencia en relación con los ingresos y las transacciones financieras derivadas de las apuestas. El fiscal Élvio Vicente da Silva destaca que la adicción a los juegos online puede causar graves daños a la salud psicológica.

El fiscal destacó que la acción también busca responsabilizar a las empresas por las pérdidas causadas a los consumidores, incluido el costo de los gastos médicos y del tratamiento psicológico. Además, la iniciativa solicita la presentación de datos e historial de los apostantes a fin de crear un entorno más seguro y responsable para los consumidores. «Es un hito imprescindible para proteger la dignidad y la salud financiera y emocional de la población», afirmó el fiscal.

Ver también: Lotería Municipal de Goiânia: el Tribunal de Cuentas mantiene suspendida la licitación

También se propone que el Tribunal obligue a las empresas a proporcionar «total transparencia» a los consumidores sobre las cantidades recaudadas de las apuestas, con indicación del movimiento individual de cada modalidad, y a conservar, en un archivo digital, durante un período mínimo de cinco años, toda la historia de la relación entre el apostante y la empresa.

La acción busca crear un entorno más seguro para los consumidores, proporcionando más información y minimizando los riesgos de adicción. El fiscal destacó que, además de proteger a los consumidores, la medida pretende evitar costes económicos para los municipios relacionados con el tratamiento de las enfermedades provocadas por la adicción al juego.