Polémica por la constitucionalidad de la ley que prohíbe el ingreso a casinos a beneficiarios de planes sociales en Salta
La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a la iniciativa, que ahora deberá ser revisada por el Senado. Mientras el oficialismo defendió la medida como una forma de proteger los fondos destinados a la infancia, legisladores opositores la calificaron de discriminatoria, inconstitucional y de difícil aplicación.
Argentina.- La Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto de ley que prohíbe el ingreso y permanencia en casinos, bingos, hipódromos y salas de apuestas a las personas que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH), subsidios no contributivos u otros planes sociales. La norma, impulsada por el diputado Gustavo Dantur, busca garantizar que los recursos estatales destinados a sectores vulnerables no se desvíen al juego.
El texto, que contempla la creación de un Registro Provincial de Beneficiarios de Programas Sociales al que deberán acceder los operadores privados para controlar el ingreso, obtuvo una amplia mayoría de votos afirmativos. Sin embargo, generó cuestionamientos de algunos legisladores que advirtieron sobre posibles problemas de constitucionalidad y de implementación.
El diputado José Gauffín argumentó que la medida es “discriminatoria” y representa una visión “paternalista del Estado”, además de señalar que la restricción resulta impracticable en un contexto donde existen múltiples formas de juego legal e ilegal más allá de los casinos. Además, advirtió: «La ley introduce una diferenciación basada en el estatus socioeconómico del individuo, al crear la categoría ‘beneficiario de asistencia social no contributiva’ como un grupo prohibido. La ley presupone que la percepción de un beneficio asistencial implica intrínsecamente una incapacidad para administrar el ocio o el dinero. Para superar el escrutinio constitucional, el Estado de Salta debería demostrar que existe una conexión directa, necesaria y causal entre el estatus de beneficiario de AUH y la propensión a malgastar los fondos en juegos de azar».
Por su parte, Roque Cornejo sostuvo que la ley introduce una diferenciación arbitraria en función del estatus socioeconómico. Por otro lado, alertó que «también hay un grave peligro con la utilización de las bases de datos, por este motivo no la veo posible en su en su concreción por la Ley de Protección de Datos Personales».
En la misma línea, Griselda Galleguillos votó en contra al considerar que la norma “roza la discriminación y la inconstitucionalidad”, y cuestionó que se traslade a los concesionarios privados la responsabilidad de controlar el ingreso de beneficiarios.
El proyecto pasará ahora al Senado salteño, donde se definirá si se convierte en ley o vuelve a ser debatido. Mientras tanto, la discusión dejó en evidencia la tensión entre el objetivo de proteger recursos estatales y la defensa de derechos individuales y libertades ciudadanas.
