Peligra la reforma tributaria en Colombia luego de la salida del ministro de Hacienda

La llamada “ley de financiamiento”, duramente resistida por el sector del juego, podría naufragar en el Congreso luego de que el presidente Gustavo Petro le pidiera la renuncia al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Colombia.- El sector del juego sigue de cerca el escándalo desatado en el gobierno colombiano luego de que el presidente Gustavo Petro le pidiera la renuncia al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla por su papel en la trama de aparentes compras de votos en el Congreso de la República.

Es que la salida del alto funcionario complicaría la aprobación de la reforma tributaria o proyecto de ley de financiamiento, impulsada por el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, que busca, entre otros puntos, aumentar los impuestos a las casas de apuestas.

La salida del ministro Bonilla no hizo más que profundizar la crisis que atraviesa la reforma. La falta de consenso en el Congreso está dilatando la aprobación de la ley de financiamiento que quiere firmar el presidente antes de que clausure el año. El asunto es que las sesiones ordinarias del Congreso de la República finalizan el 16 de diciembre; pero en caso de que no se llegue a un bien término, el Ejecutivo tendría que convocar sesiones extraordinarias, en especial, en virtud de la ausencia de unanimidad entre las comisiones económicas del Senado y la Cámara, según un análisis publicado por el diario especializado La República.

La falta de consenso es la principal razón por la que la ley de financiamiento podría no llegar a ser decreto. Fundamentalmente, hay una perceptible falta de acuerdo claro entre los ponentes de la reforma tributaria, y por eso no ha sido radicada.

Además, el presidente Gustavo Petro se mostró crítico respecto a la falta de progreso con la Ley de Financiamiento. El mismo primer dignatario escribió en redes sociales que: “Pagar deuda con ingresos y disminuirla implica ahora la Ley de Financiamiento. Los parlamentarios que siguen a Cepeda nos llevan de frente a la cesación de pagos”, y se refirió a la oposición del presidente del Senado a la reforma. La iniciativa busca recaudar COP12 billones (USD2.000m). 

El proyecto

Cabe recordar que una de las novedades del proyecto de ley que puso en alerta al sector de juego fue la propuesta de subir los impuestos a las plataformas online de juegos de azar.

El proyecto propone un IVA del 19 por ciento para los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet. Hoy las plataformas no pagan ese impuesto y quedarán al mismo nivel que los juegos localizados (casinos).

En las justificaciones del proyecto, el gobierno dice: «Los juegos de azar se pueden considerar como bienes de lujo«, y agrega: «La actual exclusión del IVA para los juegos de azar online crea una distorsión en el mercado. Esto porque estos servicios digitales disfrutan de un tratamiento preferencial en comparación con los establecimientos físicos que ofrecen juegos de azar y que ya están gravados con este impuesto. Esta diferencia en la carga tributaria puede dar lugar a una competencia desleal y a distorsiones de mercado, donde los consumidores podrían optar por plataformas en línea para evitar el pago de impuestos, afectando negativamente a los operadores físicos que cumplen con sus obligaciones fiscales».

Asimismo, el documento explica que «al aplicar el IVA a las plataformas online se igualan las condiciones del mercado, promoviendo una competencia justa y equilibrada entre todos los operadores, independientemente del canal a través del cual ofrezcan sus servicios».

Según la exposición de motivos del Ministerio de Hacienda, «gravar los juegos de azar online generaría ingresos tributarios del orden de COP2,1 billones en 2025 y no tendría impactos inflacionarios en la economía».

Otro de los artículos del documento presentado por el Ministerio de Hacienda el pasado 10 de septiembre, modificaría el artículo 317 del Estatuto Tributario, que regula las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares.

En ese sentido, se busca fijar “en un 25 por ciento la tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares”. De acuerdo al Estatuto Tributario actual, dicho gravamen está fijado en 20 por ciento.

La pelea entre Bonilla y los gremios

Recientemente, el ahora ex ministro Bonilla, había cargado contra el sector del juego que se opone a la reforma. “Es ilógico que las plataformas de juegos de suerte y azar, que han crecido de manera exponencial, no estén pagando impuestos como las apuestas físicas. Solo en 2024, al mes de agosto, ya facturaron COP25 billones y podrían cerrar el año en COP45 billones. Este es un negocio real y significativo”, argumentó.

Según Bonilla, las casas de apuestas online solo pagan impuesto de renta. “Ellos no pagan IVA, son recaudadores. La discusión es si los apostadores que usan plataformas deben pagar el IVA, igual que sucede con las apuestas físicas. Hay que preguntarse: ¿qué lobby están haciendo estas casas en el Congreso para evitar que se cobre este impuesto?”, cuestionó.

Asojuegos y Fecoljuegos, gremios que agrupan a las principales empresas del sector de juegos de suerte y azar en Colombia, rechazaron categóricamente las insinuaciones hechas por Bonilla sobre presuntas presiones al Congreso de la República durante la discusión del proyecto de ley de financiamiento.

“Nuestro propósito ha sido informar de manera transparente y fundamentada sobre los graves impactos económicos y sociales que estas medidas generarían en una industria formal y regulada. Si esto es considerado presión, entonces estamos viendo vulnerado nuestro derecho a participar democráticamente y a exponer las consecuencias nefastas que traería este cambio de reglas, no solo para nuestro sector, sino también para los aportes a la salud de los colombianos”, afirmó Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos.

Por su parte, Evert Montero, presidente de Fecoljuegos, destacó las gestiones realizadas por los gremios para esclarecer el funcionamiento de la actividad: “Hemos adelantado una serie de gestiones ante el Gobierno Nacional, incluyendo reuniones con la DIAN y con la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, para explicar en detalle el modelo matemático y económico del sector. Nuestro objetivo ha sido corregir cifras erróneas que no reflejan la realidad de la industria y contribuir a una toma de decisiones informadas”.

Para Restrepo y Montero, resulta preocupante y lamentable la falta de apertura y entendimiento por parte de algunas entidades gubernamentales. “A pesar de nuestros esfuerzos, hay un desconocimiento evidente sobre la actividad, lo que ha impedido establecer mesas de trabajo donde podamos demostrar, con mayor profundidad, la afectación que implicarían estas cargas impositivas para el sector”, afirmó Montero.

De acuerdo con los representantes de estos dos gremios, hay tres preocupaciones frente a la reforma que se está planteando. La primera es sobre el gravamen al sector de juegos online con IVA, el segundo es el incremento de la tarifa de IVA presuntivo en juegos localizados, y la tarifa diferencial de ganancia ocasional del 25 por ciento.

“La propuesta de aplicar IVA al segmento de juegos en línea afectaría gravemente su competitividad frente a plataformas que operan fuera de la jurisdicción colombiana. Mientras que a nivel global los jugadores reciben un retorno entre el 90 y el 96 por ciento, en el país este rango disminuiría a niveles entre el 72 y el 78 por ciento, incentivando la migración hacia plataformas extranjeras. Este segmento, regulado desde 2016, ha aportado más de COP 1,2bn (USD 272m) al sistema de salud y ha dinamizado industrias como la deportiva y los medios de comunicación”, señaló Evert Montero.

Asimismo, destacó que duplicar la tarifa de IVA presuntivo de 20 UVT a 40 UVT representaría un retroceso en la formalización del sector. “En los últimos cinco años, cerca de 40.000 máquinas que operaban en la ilegalidad han sido legalizadas. Este cambio tributario pondría en riesgo estos logros”.

Por último, Juan Carlos Restrepo afirmó que la tarifa diferencial de ganancia ocasional del 25 por ciento incrementaría la carga tributaria del sector y fomentaría la marginalización e ilegalidad, contradiciendo los esfuerzos realizados para cumplir con las normativas vigentes.”Lo que estamos haciendo es dar los elementos técnicos y legales necesarios para demostrar que una medida de estas características marchita el sector”, concluyó Restrepo.