Paraguay: Villarrica intimó a cerca de 150 locales a ponerse a derecho con la ley de tragamonedas

Comenzarán a incautar máquinas tragamonedas que funcionen en sitios no autorizados por la nueva ley.
Comenzarán a incautar máquinas tragamonedas que funcionen en sitios no autorizados por la nueva ley.

La Municipalidad de Villarrica se comprometió con la implementación de la Ley N° 6903/22.

Paraguay.- A medida que avanza a paso firme el control y regulación de las máquinas tragamonedas, los municipios paraguayos toman las medidas necesarias para hacer cumplir la Ley N° 6903/22 en su territorio. La Municipalidad de Villarrica asumió el compromiso y sigue de cerca los establecimientos que trabajan por fuera de la ley.

La nueva legislación establece un nuevo régimen de control de las máquinas tragamonedas a nivel nacional, mediante la cual se ordenan medidas de protección a niños y adolescentes ante su influencia. La nueva normativa establece que las municipalidades serán las autoridades de aplicación para la habilitación y también para su control, en coordinación con la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).

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Betis Ortiz, jefa del Departamento de Otros Tributos de la institución municipal de Villarrica, reconoció que muchos propietarios o encargados de negocios a pesar de haber sido notificados, están violando totalmente el Decreto del Ejecutivo, por lo que aseguró que ante esta situación comenzarán a incautar los artefactos desde esta semana.

Cerca de 150 locales comerciales en Villarrica ya recibieron el documento de notificación para que cumplan con lo establecido, muchos de ellos incluso ya fueron notificados en dos ocasiones, pero siguieron explotando las maquinarias en el sitio sin la autorización correspondiente.

La funcionaria municipal aseguró que a partir de esta semana iniciarán el operativo de incautación de las máquinas tragamonedas con ayuda de agentes de la Fiscalía y la Policía Nacional.

La situación en otros municipios

La semana pasada, las autoridades de la ciudad de Asunción informaron sobre un operativo en el cual se incautaron 27 tragamonedas que funcionaban de forma clandestina en negocios no autorizados en el Mercado Municipal Nº 4. El mismo estuvo a cargo de la recientemente creada Dirección de la Policía Municipal Fiscalizadora, encabezada por Máximo Ayala, y contó con la colaboración de la Policía Municipal de Vigilancia y de la Dirección del Mercado Municipal Nº 4.

El director de la Policía Municipal, Máximo Ayala, señaló que las sanciones que se les aplica a los comerciantes constan de un salario mínimo por día por cada máquina tragamonedas ilegal. A su vez, la multa es de dos salarios mínimos para los reincidentes, y de hasta tres salarios, si persisten en la falta.

Además, el municipio tiene la facultad de suspender las actividades del local y de revocar la licencia comercial, en caso de que persista con la irregularidad.

Reginaldo Noguera, jefe del Departamento de Fiscalización de Juegos de Azar de la Municipalidad de San Lorenzo, mencionó en un medio local que el municipio realizará los controles en los mercados y en aquellos comercios que cuenten con las tragamonedas de forma irregular para el posterior decomiso y destrucción de las máquinas.

Por otro lado, el concejal de Limpio, Santiago Barreto, remarcó que en la ciudad de Limpio hay un total aproximado de 1.700 máquinas, de las cuales el 60 por ciento opera de manera irregular y el 40 por ciento opera en regla y agregó que desde el municipio no realizarán notificaciones; se procederá a la incautación directa de las máquinas.

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El contrato entre Conajzar e iCrop

Ya que serán los municipios los que controlen las máquinas, desde Conajzar podrían dar por terminado el contrato con iCrop, lo dijo Livia Buzo, coordinadora técnica de la Conajzar, según el medio local abc. Asimismo, Buzo señaló que iCrop ya no paga el canon convenido, por lo que, en cualquier momento, podrían rescindir el contrato.

El regulador paraguayo había cedido a la compañía la facultad de controlar las tragamonedas a través de la Resolución N° 34/2020. Tiempo después, ese acuerdo quedó bajo la lupa de la Secretaría Nacional de Anticorrupción y la Contraloría General de la República.

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