Mendoza evalúa prohibir la entrada de deudores alimentarios a casinos
El proyecto ingresó a la Comisión Especial de Género y Erradicación de la Trata de Personas de la Legislatura de Mendoza.
Argentina.- La Legislatura de Mendoza evaluará una iniciativa presentada por la diputada Giuliana Díaz, que propone modificar la Ley 6.879 para endurecer las sanciones contra los deudores alimentarios morosos prohibiéndoles la entrada a recintos de entretenimiento, entre ellos, casinos. El proyecto ingresó a la Comisión Especial de Género y Erradicación de la Trata de Personas, donde se encuentra en estudio y podría recibir ajustes antes de avanzar.
La propuesta apunta a reforzar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, vigente desde 2001, incorporando nuevas restricciones que trascienden el plano administrativo y se trasladan al día a día de quienes incumplen.
Además, no son los primeros proyectos que se presentan en Mendoza en este sentido. Claudia Najul (UCR) presentó una propuesta para prohibir el ingreso a eventos deportivos y culturales a los deudores. En tanto, Emanuel Fugazzotto (PV) también impulsó el aumento de las restricciones.
Entre los cambios más relevantes, la iniciativa de Díaz plantea la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos mediante la vinculación con el programa nacional Tribuna Segura; limitaciones para acceder a créditos y operaciones financieras, a partir del cruce de datos con entidades del sistema crediticio; y restricción de acceso a casinos, fiestas y eventos culturales, con sistemas biométricos que permitan controlar el ingreso. El objetivo es generar mecanismos más eficaces para que los deudores regularicen su situación y cumplan con sus obligaciones, en un contexto donde miles de personas figuran en el registro provincial.
En paralelo, el diputado Perret volvió a presentar un proyecto que también pretende modificar la Ley 6.879, con el objetivo de “fortalecer las herramientas institucionales” e “incentivar la regularización de las deudas”.
Su propuesta incorpora restricciones de aplicación automática para quienes figuren en el registro:
- Pasaporte: los deudores no podrán tramitar, renovar ni prorrogar el pasaporte ordinario.
- Derechos reales e inmuebles: escribanos y registros públicos no autorizarán operaciones sin certificado de libre deuda; en compraventas, el monto adeudado deberá ser retenido y depositado judicialmente.
- Casinos y juegos de azar: se bloqueará el ingreso a salas físicas y plataformas online autorizadas por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
- Control fronterizo: se podrán establecer convenios con Migraciones para restringir la salida del país por pasos fronterizos de Mendoza.
El proyecto también plantea mecanismos ágiles para actualizar el registro y levantar las sanciones una vez regularizada la deuda. “Todas estas herramientas buscan fortalecer el carácter disuasivo del registro de deudores promoviendo que el cumplimiento de las obligaciones alimentarias sea la regla y no la excepción”, fundamentó Perret, quien subrayó que la iniciativa busca reforzar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Iniciativa nacional
Los diputados nacionales entrerrianos Guillermo Michel y Marianela Marclay presentaron un proyecto de ley que crea el Registro Federal de Incumplidores de Obligaciones Alimentarias (REFIOA), con una prohibición expresa para que deudores judiciales no puedan ingresar a casinos, salas de bingo, agencias de apuestas ni plataformas de juego online. La medida busca garantizar el pago efectivo de cuotas alimentarias a nivel nacional, cerrando escapes que permiten a morosos evadir sanciones provinciales.
El corazón de la iniciativa radica en la inhabilitación personal: “La inscripción vigente en el REFIOA produce la inhabilitación personal para ingresar y permanecer en: 1. Casinos; 2. Salas de bingo; 3. Agencias de apuestas; 4. Plataformas de juego en línea autorizadas por autoridad estatal”. Esta restricción opera por resolución judicial fundada ante incumplimientos graves, como tres cuotas consecutivas o cinco alternadas adeudadas, o fallas sistemáticas que afecten el interés superior del niño. Además, veta a los inscriptos como proveedores estatales o para cargos públicos.
Más aún, el proyecto de carácter nacional supondría un alineamiento con leyes provinciales similares que ya tomaron efecto en diversas jurisdicciones como San Juan o Buenos Aires, entre otras.
