Mendoza: cruces entre el IPJyC y el Tribunal de Cuentas

Luego de la auditoría solicitada por el Tribunal de Cuentas de Mendoza, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza presentó una respuesta a las observaciones.

Argentina.- Son días agitados para el el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) de Mendoza, con algunas novedades positivas para la industria como la apertura de una nueva sala en Malargüe, pero otras no tanto, como el frente que se abrió con el Tribunal de Cuentas luego de que éste presentara una severa auditoría contra el Casino del Este. 

La semana pasada, el Instituto presentó su respuesta al informe del Tribunal: “El Instituto Provincial de Juegos y Casinos manifiesta su disconformidad, en tanto el HTC ha sobrepasado su propia competencia, extralimitándose en su Auditoría y efectuando ciertas observaciones que escapan de la esfera de su contralor” dice en el primer párrafo y acusa a los profesionales que firman el informe del HTC de hacer un control que “observa aspectos de mérito, oportunidad y conveniencia de las licitaciones, aspectos reservados a la razonable valoración de la Administración”.

Algunas de las observaciones del Tribunal cuestionaban el proceso de licitación mediante el cual resultó ganadora la firma Fuente Mayor. Se marcan supuestas irregularidades con respecto a las ganancias que se llevan los privados, la falta de intervención de la Fiscalía de Estado, las imprecisiones del pliego de contratación y la ausencia de estudios técnicos que justifiquen la construcción de un hotel en el mismo predio donde se ubica la sala.

Uno de los puntos que el Tribunal de Cuentas considera más controversial es el referido al canon que cobra la UTE por las máquinas tragamonedas, que alcanza el 68 por ciento, el cual es un valor considerablemente superior en comparación con contrataciones anteriores en esa zona.

Los auditores señalan que hay “falta de precisión en la determinación del objeto de la contratación, lo que podría, además, afectar la concurrencia, la igualdad y la competencia”. Desde el IPJyC respondieron que “el objeto de la licitación es la contratación de un servicio integral de máquinas tragamonedas en un local destinado a su funcionamiento, el cual deberá estar integrado a un proyecto de inversión”.

En el siguiente párrafo, según lo reportado por Los Andes, indican que “tan claro es el pliego que en las dos licitaciones públicas, que se tramitaron simultáneamente (Zona Este y General Alvear) y con los mismos pliegos licitatorios, dos oferentes (Fuente Mayor S.A y New Star Internacional SRL en UTE y Hotelera Emprender SA) propusieron un proyecto de inversión que incluye un emprendimiento hotelero y un espacio para la promoción artística y cultural de los mendocinos (centro de convenciones y anfiteatro abierto respectivamente)”.

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Respecto al punto previamente mencionado que hacía referencia al canon de las máquinas tragamonedas, desde el IPJyC citaron la respuesta de Fiscalía de Estado: “el Instituto Provincial de Juegos y Casinos ha explicado que los porcentajes de comisión admitidos en el presente procedimiento son mayores que los actuales porque es un proyecto completamente distinto, agregando que los ingresos para el Estado serán muy superiores a los actuales. Además, se trasladan costos al inversor que actualmente paga el Estado”.

La respuesta oficial señala que en el aumento del canon se contempla “la cantidad y modernidad de las máquinas a proveer (6 años de antigüedad máxima), los servicios complementarios como la seguridad policial, la obligación de Sadaic y Aadi Capif y cobertura de emergencias médicas que pagaba el Instituto y ahora paga el concesionario, así como también impuestos y tasas que abonará el nuevo Adjudicatario (tasas de comercio e industria que antes también pagaba el Instituto)”.

Respecto al señalamiento en la auditoría que indica que falta “respaldo documental que demuestren la razonabilidad y conveniencia para el Estado del precio adjudicado. Se pasó del 49,8 por ciento al 68 por ciento de canon y no se adjunta en expediente, constancias de análisis de costo-beneficio sobre el precio convenido”, desde el Instituto señalan que la fórmula de adjudicación la evaluación del costo-beneficio está “respaldo documental de los estudios económicos realizados que fundamenten las nuevas condiciones de la contratación (necesidad) con la inclusión de un proyecto de inversión”.

En relación a crítica del Tribunal que apunta a la supuesta falta de intervención de la Fiscalía de Estado antes del proceso licitatorio y antes de la adjudicación, el IPJyC asegura que la Fiscalía intervino antes de adjudicar la licitación y avaló todo lo actuado, sin emitir ninguna observación, ni siquiera respecto del momento en el que se le dio intervención.

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