Sancionan en Brasil una ley contra el crimen organizado que endurece normas en el sector de las apuestas
La legislación sancionada por el presidente Lula da Silva endurece penas, amplía facultades de fiscalización y establece mecanismos financieros y tecnológicos para enfrentar milicias y operadores clandestinos.
Brasil.- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó el 24 de marzo la Ley nº 15.358/25, que fue publicada al día siguiente en el Diario Oficial. La normativa, conocida como Marco Legal del Combate al Crimen Organizado, refuerza las sanciones contra organizaciones criminales y crea instrumentos específicos para combatir el mercado ilegal de apuestas.
La ley otorga a las autoridades la capacidad de bloquear cuentas bancarias, frenar transacciones vía Pix y confiscar bienes de operadores ilegales. Las instituciones financieras y de pago quedan obligadas a impedir nuevas operaciones vinculadas a plataformas no autorizadas, garantizando el debido proceso y la defensa de los afectados. Los valores confiscados serán destinados al Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP).
El texto crea un sistema de intercambio de datos sobre fraudes electrónicos. En el caso específico de Pix, el Banco Central deberá implementar filtros automatizados de CNAE, chaves Pix y directorios de riesgo, además de mecanismos de autoexclusión y marcas visuales en los extractos de transacciones con operadores autorizados.
La supervisión corresponde al Banco y a la Comisión de Valores Mobiliarios, mientras que la Secretaría de Premios y Apuestas podrá mantener una base pública de operadores no autorizados.
Nuevas infracciones administrativas
La ley tipifica como infracciones mantener relaciones comerciales con operadores ilegales, difundir publicidad o patrocinios vinculados a casas de apuestas no autorizadas y negar el acceso a sistemas de información durante fiscalizaciones. Las sanciones incluyen multas, suspensión o cancelación de licencias.
Además, la norma introduce los delitos de “dominio social estructurado” y “favorecimiento al dominio social estructurado”, ampliando el alcance de la legislación contra el crimen organizado. Además, modifica un amplio conjunto de normas, entre ellas:
- Código Penal de 1940,
- Código de Proceso Penal de 1941
- Ley de Crímenes Hediondos de 1990
- Ley de Ejecución Penal de 1984
- Ley de Lavado de Dinero de 1998
- Ley de Drogas de 2006
- Código Electoral de 1965
Durante la aprobación, la Cámara de Diputados retiró la propuesta de la CIDE-Bets, un tributo del 15 por ciento sobre depósitos de apuestas destinado a financiar la seguridad pública. Ese punto será tratado en un proyecto autónomo.
Además, se prevé la suspensión o cancelación de licencias para agentes que promuevan publicidad de operadores ilegales. La medida abarca tanto medios físicos como digitales, incluidas redes sociales y campañas de marketing.