Lotería de Río de Janeiro: aprueban el proyecto de ley sobre el uso de fondos
La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro aprobó el proyecto para utilizar el dinero de premios no reclamados en el financiamiento del Comité Paralímpico Brasileño.
Brasil.- Ayer por la tarde, la Asamblea Legislativa del Estado (Alerj) le dio luz verde a un nuevo proyecto para definir el destino de los fondos de la Lotería de Río de Janeiro.
De acuerdo con la normativa PL 374/15, los premios no reclamados por los ganadores podrán ser transferidos al Comité Paralímpico Brasileño. La propuesta tiene el objetivo de patrocinar a deportistas de alto rendimiento en disciplinas reconocidas por la organización.
A su vez, el nuevo texto complementa el Decreto Ley 138/75, mediante el cual, luego de descontar el 30% de la ganancia neta de la lotería a un fondo específico, el monto restante de la ganancia es destinado a diferentes fines. Estos son: asistencia hospitalaria y escolar, de los servicios sociales, intereses deportivos, culturales y educativos o al Comité Paralímpico Brasileño y la Caja de Seguridad Social del Estado de Río (Rioprevidência). El Ejecutivo regulará el estándar y cuánto recibirá cada área y organismo de las ganancias de Loterj.
Vea también: Lotería de Brasil pasaría a Secretaría de Productividad
La medida fue redactada originalmente por los diputados Bebeto y Thiago Pampolha, y por los exparlamentarios estatales Dica, Flávio Bolsonaro, Geraldo Pudim, Paulo Ramos, Pedro Fernandes y Tânia Rodrigues. La misma había presentada 500 días antes de los Juegos Olímpicos de 2016, aunque había quedado en stand by.
“Sabemos lo difícil que es conseguir patrocinio en los deportes y que muchos deportistas se sacrifican para seguir su rutina de ejercicios. Sin dinero, muchos simplemente tienen un gran amor por el deporte, lo que los hace dispuestos a seguir sus carreras. Pero muchos se dan por vencidos en el camino por falta de estructura”, explicó Bebeto.
Como próximo paso, el texto será analizado por el gobernador Cláudio Castro, quien tendrá hasta 15 días hábiles para sancionarla o vetarla.
