La Junta de Andalucía vuelve a cruzar a las provincias por el juego

Mientras las provincias insisten en reordenar las casas de apuestas lejos de los centros educativos, el gobierno autonómico dejó clara su postura.
Mientras las provincias insisten en reordenar las casas de apuestas lejos de los centros educativos, el gobierno autonómico dejó clara su postura.

Sevilla recibió una notificación de la Junta que impugnará cualquier modificación al ordenamiento urbano.

España.- La Junta de Andalucía sigue en pie de guerra con los ayuntamientos de la comunidad autónoma por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que busca limitar la instalación de casas de apuestas a más de 500 metros de establecimientos educativos.

La Junta prohibió a los ayuntamientos seguir adelante con el PGOU, aunque los gobiernos provinciales buscaron aplicarlo. Esta semana, sin embargo, un nuevo revés para los ayuntamientos llegó de la mano de la Consejería de Hacienda que anticipó que impugnarán cualquier modificación puntual de las normas urbanísticas que afecten al régimen de distancias mínimas. Según la Consejería, la impugnación es legítima porque la modificación de las normas urbanísticas supondría una invasión de las competencias del gobierno andaluz, es decir, de la Junta.

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El Ayuntamiento de Sevilla analiza, en respuesta a esta comunicación, si es posible técnica y jurídicamente seguir adelante con la modificación prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras el contundente mensaje de la Junta.

La Consejería de Hacienda ya había advertido lo mismo hace unos días al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra: lo instó a paralizar el cambio del PGOU porque se ha “extralimitado en sus competencias”, que afectan a la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma y corresponde en exclusiva al Consejo de Gobierno de la Junta.

Desde la Junta aseguran que se trabaja en una normativa que tiene previsto fijar una distancia de 150 metros radiales entre las casas de apuestas y los centros educativos, una distancia muy diferente a la propuesta de Alcalá, por ejemplo, que sugiere que los salones de juego sólo puedan abrir en zonas comerciales o polígonos.

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