La Corte Suprema de Brasil aceptó a Caixa Económica Federal como colaborador en el juicio sobre loterías municipales
La entidad estatal participará del proceso que analiza la constitucionalidad de las loterías municipales en el país.
Brasil.- La Suprema Corte Federal aceptó a la Caixa Económica Federal como amicus curiae en la Acción por Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) 1.212, causa en la que el máximo tribunal brasileño analiza la constitucionalidad de las loterías municipales.
La decisión fue tomada por el ministro Nunes Marques, quien consideró que la entidad puede aportar elementos relevantes al debate gracias a su peso institucional y su experiencia en la operación de juegos lotéricos a nivel nacional.
Como fundamento para intervenir en el proceso, Caixa Económica Federal sostuvo que posee conocimientos técnicos y experiencia suficiente para contribuir a la discusión, luego de estar décadas al frente de loterías y juegos de gran envergadura. La institución mantiene la exclusividad de la operación de loterías federales desde 1969.
Suspensión de las loterías municipales
Actualmente, todas las leyes municipales que autorizaban operaciones de loterías y juegos de azar en Brasil están suspendidas por una medida cautelar firmada por Nunes Marques en diciembre pasado. La resolución paralizó la vigencia de regulaciones municipales que habilitaban distintas modalidades de juego, incluidas las apuestas de cuota fija, y además prohibió que los municipios impulsen nuevas acciones vinculadas a este tipo de operaciones.
La normativa también estableció que únicamente los estados y el Distrito Federal pueden operar loterías, excluyendo expresamente a los municipios de esa facultad.
El magistrado sostuvo que, tras la aprobación de la Ley 14.790/2023, la regulación y habilitación de operadores de apuestas pasó a ser competencia exclusiva del Ministerio de Hacienda.
Según indicó Nunes Marques, el servicio lotérico es de carácter nacional y requiere una estructura regulatoria centralizada. En ese sentido, advirtió que permitir operaciones municipales sin supervisión federal genera un escenario de inseguridad jurídica al habilitar localmente actividades que pueden entrar en conflicto con la regulación nacional.
