La AGA y la IGA advierten sobre el crecimiento de los mercados de predicciones en Estados Unidos
Según explicaron en una carta conjunta, este formato funciona ilegalmente, lleva a confusiones y reduce los ingresos estatales.
Estados Unidos.- La Asociación Americana de Juegos de Azar (AGA) y la Asociación Indígena de Juegos de Azar (IGA) solicitaron al Congreso de Estados Unidos que intervenga ante la expansión acelerada de los contratos de eventos deportivos ofrecidos a través de mercados de predicción online, al considerar que estos productos operan fuera del marco legal del juego regulado.
Ambas organizaciones enviaron una carta al Congreso el pasado 12 de enero en la que advirtieron que este tipo de contratos funcionan, en la práctica, como apuestas deportivas, pero sin estar sujetos a las leyes de juego vigentes ni a los esquemas regulatorios estatales y tribales.
En el documento, la AGA y la IGA señalaron que la proliferación de estos productos representa una amenaza directa a la autoridad regulatoria de los estados, a la soberanía tribal, a la protección del consumidor y a la integridad de los mercados financieros regulados. Según indicaron, desde que las plataformas de mercados de predicción comenzaron a ofrecer contratos vinculados a eventos deportivos a comienzos del año pasado, su alcance se ha ampliado de manera significativa, superando las apuestas sobre el resultado de un único partido.
En 2018, la Corte Suprema revocó la Ley de Protección de los Deportes Profesionales y Amateur (PASPA, por sus siglas en inglés) y determinó que los estados tienen el derecho de decidir si legalizan o no las apuestas deportivas. En los lugares donde las apuestas deportivas fueron legalizadas, los estados y las tribus establecieron estrictas normas para garantizar protección, entre ellas:
• Edades mínimas para apostar (21 años o más en la mayoría de las jurisdicciones)
• Requisitos de licenciamiento y de idoneidad para los operadores
• Protocolos contra el lavado de dinero (AML) y de Conozca a su Cliente (KYC)
• Recursos obligatorios de juego responsable, incluidos programas de autoexclusión
• Monitoreo independiente de la integridad y auditorías de cumplimiento
En contraste, varias plataformas de mercados de predicción registradas ante la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) pusieron a disposición contratos de eventos auto-certificados para cualquier persona de 18 años o más, en los 50 estados, evadiendo las leyes estatales y tribales sobre juegos de azar y privando a los estados y a las tribus de cientos de millones de dólares en ingresos críticos para escuelas, rutas y servicios de primera respuesta. La CFTC no revisó ni aprobó ninguno de estos contratos, incluso a medida que más entidades ingresan al mercado y sus ofertas se vuelven cada vez más audaces.
De acuerdo con la evaluación de las asociaciones, actualmente estas plataformas facilitan apuestas complejas de múltiples etapas, similares a las apuestas deportivas tradicionales, así como contratos relacionados con actividades deportivas no convencionales, incluidas posibles apuestas sobre transferencias de atletas universitarios.
En la carta, las organizaciones recordaron que las propias regulaciones de la CFTC, adoptadas en el marco de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA), prohíben los contratos de eventos relacionados con terrorismo, asesinato, guerra, juegos de azar o cualquier actividad ilegal según la legislación estatal o federal.
«Estos contratos se ofrecen en un claro desprecio por las leyes estatales y la soberanía tribal. Inducen al error a los consumidores al hacerles creer que una apuesta deportiva es una inversión, no protegen a los jóvenes ni a las personas vulnerables y abren la puerta al lavado de dinero, al amaño de partidos y al uso de información privilegiada. Además, dejaron a los presupuestos estatales y a las finanzas tribales sin recursos», al tiempo que obligan a estados y tribus a destinar enormes recursos legales para defender su soberanía», declararon en la carta.
El juego legal
Tanto la AGA como la IGA remarcaron los beneficios del juego regulado, al señalar que la actividad legal genera un impacto económico significativo, sostiene millones de puestos de trabajo y aporta mucho dinero en ingresos fiscales.
Además, indicaron que varios fiscales generales estatales ya manifestaron que estos contratos infringen las leyes de sus respectivos estados. También señalaron posibles conflictos con la Ley de Regulación del Juego Indígena, al afectar la exclusividad tribal sobre el juego en tierras indígenas, y con la Ley Federal de Comunicaciones por Cable, al facilitar apuestas deportivas a través de fronteras estatales.
Finalmente, las asociaciones alertaron sobre la aparición de contratos vinculados a conflictos armados y a eventos internacionales de alto perfil, categorías que, según remarcaron, no estarían permitidas bajo los regímenes de juego estatales o tribales.
