Impulsan una reforma para modernizar la JPS de Costa Rica y endurecer controles contra el juego ilegal
La diputada Esmeralda Britton, expresidenta de la entidad, presentó un proyecto de ley que busca transformar a la entidad en regulador único del sector, incorporar herramientas tecnológicas de supervisión y reforzar la lucha contra las plataformas de apuestas no autorizadas.
Costa Rica.- La diputada Esmeralda Britton presentó el expediente 25.600, denominado “Fortalecimiento y Modernización de la Junta de Protección Social (JPS)”, una iniciativa que apunta a actualizar el marco regulatorio del juego en Costa Rica y combatir el crecimiento del mercado ilegal de apuestas.
Britton, quien hasta hace poco se desempeñó como presidenta de la Junta de Protección Social, propone reposicionar a la entidad con un doble rol estratégico: operar directamente loterías y apuestas y, al mismo tiempo, convertirse en la única autoridad reguladora y fiscalizadora de todos los juegos de azar en el país.
Según los datos incluidos en el proyecto, el mercado ilegal concentra actualmente el 53 por ciento del sector de loterías y apuestas, lo que implicaría una pérdida cercana a CRC297.000m (US$647m) anuales para programas sociales destinados a adultos mayores, personas con discapacidad y proyectos de salud.
“Hoy damos un paso necesario para proteger los recursos sociales de Costa Rica. No podemos permitir que el crimen organizado y las plataformas ilegales sigan aprovechándose de un vacío legal mientras miles de personas dependen de estos fondos para recibir atención y oportunidades”, afirmó Britton.
La propuesta también contempla la incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas para fortalecer la supervisión del sector. Entre ellas se incluyen auditorías de software, monitoreo en tiempo real y certificación de algoritmos, con el objetivo de garantizar la transparencia y prevenir manipulaciones.
El texto también prevé mecanismos más estrictos para prevenir el lavado de dinero, mediante la coordinación obligatoria entre la JPS, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).
“Esta ley adapta a Costa Rica a la era digital. Regular con tecnología también significa proteger a las personas, especialmente a los menores de edad y a las poblaciones más vulnerables. Queremos una regulación seria, moderna y transparente”, sostuvo la legisladora.
Entre las medidas incluidas en el proyecto se destacan el geobloqueo de plataformas no autorizadas, sistemas robustos de verificación de identidad, la prohibición absoluta de participación de menores de 18 años y sanciones de entre dos y seis años de prisión para quienes organicen o financien operaciones ilegales de juego sin autorización.
“La JPS ha sido históricamente una institución solidaria que ayuda a miles de familias costarricenses. Modernizarla no es opcional, es una obligación para defender los programas sociales y cerrar espacios a la ilegalidad”, concluyó Britton.
