Fecoljuegos defiende la responsabilidad fiscal del sector
En una carta pública, el gremio desmiente “supuestos privilegios o subvenciones fiscales”.
Colombia.- La industria del juego de azar está bajo la lupa en Colombia luego de la implementación de un nuevo impuesto al juego online, y desde los gremios defienden el mercado ante ataques y acusaciones.
En ese sentido, desde la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), emitieron un comunicado para expresar su “preocupación y rechazo” frente a las recientes declaraciones que pretenden presentar a la industria legal de juegos de suerte y azar como “beneficiaria de supuestos privilegios o subvenciones fiscales”.
En la carta, el gremio sostiene que estas afirmaciones carecen de fundamento técnico y desconocen la realidad económica y tributaria de un sector que opera bajo una de las “estructuras fiscales más exigentes del país”.
Y agregan que “no resulta constructivo que, desde escenarios oficiales, se presenten argumentos que distorsionan los hechos y generan estigmatización sobre una industria formal, regulada y comprometida con el bienestar social y económico de los colombianos”.
Además, desde Fecoljuegos explicaron que el sector de juegos de suerte y azar no recibe subsidios ni exenciones especiales. Por el contrario, es un contribuyente sólido, con aportes que en 2024 superaron los COP990.000m (USD240m) destinados a la financiación del sistema de salud, además de asumir obligaciones tributarias como IVA, impuesto sobre la renta, parafiscales y cargas impositivas locales.
“Reproducir narrativas contrarias no sólo es impreciso, sino que pone en riesgo la estabilidad de más de 150.000 empleos, favoreciendo la informalidad y la ilegalidad, que sí operan al margen de la ley y sin contribuir al país”, enfatizaron desde el gremio encabezado por Evert Montero.
Asimismo, desde Fecoljuegos realizaron un llamado firme a que cualquier debate en materia fiscal se sustente en “criterios técnicos, con transparencia y en un marco de respeto hacia los sectores productivos que cumplen con sus obligaciones” y aseguraron que la industria de juegos de suerte y azar es parte activa de la solución fiscal del país, “no un obstáculo ni un sector privilegiado”.
Por último, reiteraron su disposición a participar en los espacios de discusión que el Gobierno y los órganos legislativos pertinentes, con el firme propósito de construir “una agenda tributaria sostenible, equitativa y basada en evidencia”, y sostuvieron que es “indispensable que el debate se base en datos reales y no en discursos imprecisos que afectan la reputación, la inversión y el empleo de un sector comprometido con la legalidad, la innovación y el desarrollo de Colombia”.
Pedido de prudencia
Cabe recordar que recientemente, Fecoljuegos emitió un comunicado similar para pedir prudencia a la hora de hablar de la industria con generalizaciones desinformadas reiterando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el desarrollo económico del país.
“Como sector regulado, que opera bajo estrictos estándares normativos, promovemos un diálogo constructivo basado en cifras y hechos verificables, alejado de la polarización y las generalizaciones que desinforman y afectan la estabilidad de las industrias productivas”, comienza la misiva publicada a través de medios de comunicación.
Y agregan: “En tiempos en los que el país demanda consensos y soluciones, hacemos un llamado a quienes hoy tienen la enorme responsabilidad de representar a las instituciones y liderar los debates nacionales para que se alejen de discursos que puedan instrumentalizar sectores económicos como el nuestro con fines políticos”.
Desde Fecoljuegos explicaron que la industria de juegos de suerte y azar es formal, regulada y vigilada por Coljuegos y la Superintendencia Nacional de Salud. Asimismo, trabajan de la mano con organismos como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Naciones Unidas, la Superintendencia Financiera y otras entidades que, de diversas maneras, contribuyen al fortalecimiento de la industria. Además, enfatizaron que su cumplimiento en materia de transparencia, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo es riguroso, garantizando operaciones trazables y seguras.
