España: el sector del juego participa del debate por la ley de juego de Cantabria

Cantabria busca regular el juego a través de una nueva ley y convocó a representantes del sector.
Cantabria busca regular el juego a través de una nueva ley y convocó a representantes del sector.

Comenzaron las comparecencias en el Parlamento de Cantabria por el proyecto de Ley de Regulación del Juego y participaron asociaciones ligadas al sector.

España.- Representantes de las empresas y salas de juego en Cantabria participaron de la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Parlamento de Cantabria, ya que esta semana comenzaron las comparecencias por el proyecto de Ley de Regulación del Juego.

Asistieron: José Ramón Sainz (Asociación Cántabra Empresas Operadoras de Máquinas Recreativas – ACEO), Cristina García (Club de Convergentes) y Ernesto Noval (Asociación de Empresas de Bingo de Cantabria – Aebinca).

De acuerdo con lo informado por Europa Press, este grupo de referentes del sector reconoce las “bondades” de la propuesta legislativa y la ven “completa” y “equilibrada”, pero criticó el “desproporcionado e injustificado” incremento de las sanciones o el número de autorizaciones que la norma prevé para determinados tipos de negocios, como los bingos, que las consideran excesivas. 

Por otro lado, resaltaron la necesidad de hacer mayor hincapié en la educación, la prevención y la sensibilización y no tanto en la prohibición para evitar comportamientos patológicos en torno al juego, y criticaron algunas expresiones que incluye la ley en relación al riesgo del juego. 

Criticaron algunos “prejuicios infundios”, en su opinión, injustificados sobre el sector y consideran que la “alarma social” que se está generando no se ajusta a la realidad.

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El presidente de ACEO, José Ramón Sainz, señaló que Cantabria es la quinta comunidad con la presión fiscal más alta en este ámbito, y considera que debería ser menor. Subrayó que el aporte anual que realiza a las arcas públicas solo con la tasa de juego que se cifra en €12m. 

Respecto al incremento del importe de las sanciones, que crece un 300 por ciento, Sainz dijo que es “algo absolutamente desproporcionado e injustificado” y que en su opinión, podría ir en contra de la jurisprudencia aportada por algunos altos órganos judiciales que apelan al criterio de la proporcionalidad. 

Por otro lado, resaltó que a pesar de las inspecciones no hubo prácticamente expedientes sancionadores y que Cantabria es “una de las comunidades con menor índice de expedientes sancionadores”.

El presidente de ACEO también cuestionó que en la nueva ley desaparezca la posibilidad de que cuando un negocio cometa una infracción por un “mero error o descuido” y “sin intencionalidad real” de hacerlo se le apliquen las multas previstas para el nivel inmediatamente inferior. Y además, planteó la posibilidad de imponer multas a menores en los que para acceder a los locales de juego usen un “deliberado fraude, maquinación o engaño que burle las medidas de control”.

Por su parte, Ernesto Noval, asesor de Aebinca, advirtió que las tres salas de bingo de Cantabria aún no se recuperan de la caída de ventas de los últimos dos años, y que ampliar el número a siete podría ser perjudicial. Por otra parte, reclamó que no se excluya a las salas de bingo de poder instalar todo tipo de máquinas, incluidas las B4.

De todos modos, los tres comparecientes se mostraron de acuerdo con lo que plantea la ley en medidas para el “juego responsable” y no han puesto objeciones a lo que ésta establece para “ordenar y planificar” el sector, ni sobre los controles de acceso a los negocios para evitar la entrada de menores o personas con ludopatías y tampoco al refuerzo de las inspecciones con la reciente incorporación de 14 nuevos agentes para esta labor.

Tampoco se opusieron al régimen de distancias entre los locales y de éstos a los centros escolares o de atención a las ludopatías, que es de 500 metros, aunque, por ejemplo, desde Convergentes creen que no es una medida “avalada científicamente” sino “estética” y tampoco sobre la “limitación”, que no prohibición, de la publicidad en el sector.

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