España: Castilla-La Mancha profundiza el control de los juegos de azar con la Policía

El convenio tiene su origen en la creciente diversificación de la actividad de juegos de azar. Foto de www.castillalamancha.es
El convenio tiene su origen en la creciente diversificación de la actividad de juegos de azar. Foto de www.castillalamancha.es

El Gobierno local cerró un convenio con la Policía Nacional, de vigencia por cuatro años, mediante el cual se crea la Comisión Mixta de Seguimiento, Vigilancia y Control.

España.- Un cuatrimestre después de que entró en vigor la nueva ley del juego en la comunidad de Castilla-La Mancha, el Gobierno local firmó un convenio con la Policía Nacional a fin de reforzar su coordinación respecto a la inspección y el control de los juegos de azar.

El acuerdo fue rubricado por el consejero responsable del área, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras. De acuerdo con las autoridades, tiene su origen en la creciente diversificación de la actividad de juegos de azar y, en consecuencia, en la necesidad de garantizar la protección de los menores de edad, la transparencia en el desarrollo de los juegos y apuestas, la garantía de que no se produzcan fraudes y la prevención del blanqueo de capitales.

En virtud de este convenio, la Dirección General de la Policía, a través del Servicio de Control de Juegos de Azar, integrado por un Servicio Central y grupos periféricos, junto a las funciones policiales propias del Estado, desarrollará, en coordinación con el personal habilitado por la Consejería, todas las funciones de inspección y control de los locales específicos de juego, así como del resto del material destinado al ejercicio de esta actividad.

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Según lo informado, la Policía Nacional se compromete a que los puestos de trabajo de las unidades de Inspección de Juego estén cubiertos por los funcionarios de este cuerpo. Además, se prevé que en cada Comisaría Provincial tengan encomendadas estas funciones, así como a mantener un nivel adecuado de cobertura de estos puestos para garantizar la plena operatividad de las unidades de inspección.

Del mismo modo, se comprometió a proporcionar a los miembros del Grupo de Inspección de Juego adecuado acceso al Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado (SIRDEE). Por su parte, las autoridades regionales prestarán a las unidades periféricas de juego la asistencia y apoyo propios de las relaciones entre las diferentes administraciones públicas.

Toda esta actividad se realizará en coordinación con los propios inspectores de juego de la Comunidad Autónoma. Castilla-La Mancha. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, renovable por otro cuatro.

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Cursos de formación y perfeccionamiento

Además, según lo informado, se estipula que la Policía Nacional facilitará la participación en las actividades que se desarrollen en este ámbito. La Comunidad Autónoma podrá organizar cursos de formación y de perfeccionamiento para el personal de las unidades periféricas de Inspección de Juego.

Para posibilitar el desarrollo y aplicación del convenio, se definió que creará una Comisión Mixta de Seguimiento, Vigilancia y Control. La misma se reunirá, al menos, una vez al año y que estará integrada por un representante de la Secretaría de Estado de Seguridad, otro de la Dirección General de la Policía y otro de la Delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha, de una parte; y por tres representantes de la Comunidad Autónoma, de otra.

Nueva Ley del Juego

Actualmente, en la región, existen 194 locales de juegos de azar de diferente tipo. Para regular su actividad, el pasado domingo 30 de enero entró en vigor la Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego, que pone el énfasis en la prevención, el fomento del juego responsable, la inspección y control y la compatibilización de la protección de los más vulnerables con el desarrollo de esta actividad económica.

Se trata de una ley promovida por el Gobierno de Emiliano García-Page, que recoge medidas en este sentido. Además, introduce novedades, como la prohibición general de la publicidad en el sector, el desarrollo de los criterios de medición de las distancias mínimas entre locales y centros educativos, y el establecimiento de las condiciones que deben cumplir los sistemas de control de acceso automatizado, mediante el registro biométrico de cara o huella.

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