Escala el conflicto con los casinos populares en Chillán

Como no hay una legislación clara, la Justicia tiene que dirimir cada caso. Mientras tanto, los dueños de los establecimientos se defienden.

Chile.- Las regiones del país andino siguen atravesadas por la problemática de los llamados “casinos populares”. Cada municipio aborda la situación de manera particular, ya que la legislación no es clara y las clausuras de los establecimientos terminan siendo llevadas a la Justicia. 

En el caso del Municipio de Chillán, la cruzada contra los establecimientos que operan máquinas de azar sin licencias o con licencias vencidas, comenzó hace mucho tiempo, se estima que en la actualidad hay 26 casinos populares funcionando irregularmente en el centro de la ciudad.

Fue por este motivo que el alcalde de la capital regional, Camilo Benavente, dijo que se está trabajando sobre las salas de juego y detalló que ya se han logrado cursar multas a más de 100 de estos establecimientos en los últimos dos meses y que, a raíz del análisis del tema que llevó a cabo el Concejo Municipal, se va a implementar una nueva medida. En ese sentido, el jefe comunal anunció la creación de una brigada que se dedica exclusivamente a los casinos populares y ya logró algunas detenciones.

Por otro lado, está la posición de los dueños de los establecimientos, que son representados legalmente por Héctor Mella, quien también está a cargo de la representación de los empresarios de los casinos de Concepción. 

Mella le dijo al medio local La Discusión acerca de la situación en Chillán: “En el caso de la Municipalidad de Chillán, que tiene un alcalde que cuando era concejal apoyaba este tipo de locales, como a muchos otros alcaldes de Chile les advertí que la señora superintendente no tenía las facultades ni los conocimientos para determinar la naturaleza de las máquinas de juegos, pero al igual que algunos jueces y el entonces fiscal nacional Jorge Abbott, no nos creyeron”. 

El abogado hace referencia a Vivien Villagrán, titular de la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ), quien en octubre de 2022 le informó al Ministerio Público que ella no se podía pronunciar respecto a si las máquinas utilizadas en los casinos populares son o no máquinas de azar. 

El problema en el que coinciden todas las partes, es que la legislación es muy laxa y puede interpretarse en favor de cualquiera de los involucrados. Sí es un delito la rotura de sellos de clausura, en esos casos se puede lograr una condena. 

Otro de los puntos a investigar es si los establecimientos están ligados a otro tipo de actividades ilícitas, como el lavado de dinero. En ese sentido, el fiscal Álvaro Serrano le dijo a La Discusión: “No vimos indicios concretos de que exista un lavado de activos a través de casinos; tampoco hemos tenido jamás en la región una denuncia concreta que apunte a eso”. 

El abogado Mella aseguró que se elaboró una “mentira muy grande” y responsabilizó a la superintendenta de la SCJ y al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez: “Elaboraron un plan que determinaba que para otorgar una patente a un local de juegos de habilidad y destreza debería ser autorizado por la SCJ”, explicó Mella. 

El representante de un dueño de un establecimiento de Chillán dijo que la animadversión en el municipio ha llegado al nivel en que “los juzgados de Policía Locales le están poniendo multas de hasta 10 UTM, lo que es absolutamente ilegal”. 

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