Empresarios del juego de Aragón en alerta por la Ley de Juego

La Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón (AESA) asegura que peligran puestos de trabajo.

España.- Luego de haber tomado conocimiento de la última versión del texto del proyecto de ley de modificación de la actual Ley 2/2000 del Juego de Aragón, la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón (AESA) emitió un comunicado para expresar “su honda preocupación por las consecuencias que su aplicación conllevará si no se introducen cambios sustanciales”.

En el comunicado, la asociación que agrupa a 25 empresas operadoras, que son titulares de más de 100 salones de juego y máquinas recreativas en la comunidad aragonesa en los que trabajan más de 1.000 personas a tiempo completo, le pide a los grupos políticos de las Cortes de Aragón que revisen el alcance jurídico del texto.

El presidente de la AESA, José Antonio Rubio, y su vicepresidente, Jesús Tremosa, presentaron ante los medios de comunicación algunos de los puntos críticos que a su juicio figuran en el proyecto de ley, anteponiendo que el sector, “que siempre ha reclamado un marco estable en el que poder desarrollar su actividad, no se opone a que haya una nueva ley, pero sí a que ésta adolezca de la necesaria coherencia jurídica”.

Entre otros aspectos, señalaron la prohibición contemplada en el proyecto de ley para que los clientes puedan efectuar pagos con sus tarjetas de crédito, algo que hasta ahora sí estaba permitido y que, además de ser práctica creciente en todo el mundo, es viable en el juego público y online, está recomendado en diversas leyes de lucha contra el fraude y aporta seguridad tanto a las personas que trabajan en los salones como a los usuarios, al disminuir el dinero en efectivo utilizado.

Del mismo modo, la asociación indica que la aplicación planteada en el proyecto de ley del Registro de Juego de Prohibidos en Aragón (REJUP) en los establecimientos de hostelería, que obliga a que sean sus titulares y empleados quienes realicen las comprobaciones previas para saber si una persona puede o no jugar en una máquina, plantea muchas incógnitas sobre cómo se va a realizar el tratamiento de los datos personales y va a suponer grandes molestias para los bares. 

Además de contar con el equipamiento informático adecuado, habrán de tener personas dedicadas a este tipo de trámites, lo que augura “una masiva desaparición de máquinas recreativas con la consecuente pérdida de puestos de trabajo, pues se estima que por cada una que se quita se destruye un empleo”.

La monitorización en tiempo real por parte de la Administración de las máquinas de los salones de juego es asimismo «considerada inasumible por las empresas, pues además de comportar a corto plazo costosas inversiones que pueden superar los 200.000 euros por local y que se podrían hacer paulatinamente conforme se vayan renovando las máquinas», es redundante puesto que «los terminales ya ofrecen toda esa información accesible en la sala”, según el comunicado de AESA.

La asociación recordó además que el proyecto de ley “sigue sin aprovechar todas las posibilidades que brinda la tecnología en lo que al control de accesos respecta”, con soluciones de reconocimiento ya operativas tanto en muchas otras comunidades autónomas como en establecimientos de gran afluencia como aeropuertos o estadios de fútbol, entre otros.

En opinión de José Antonio Rubio, presidente de AESA, “los grupos políticos de las Cortes de Aragón pueden hacer lo que el Gobierno de Aragón no ha hecho, que es mejorar una ley a la que no nos oponemos, pero que aporta inseguridad, contempla medidas obsoletas que revelan un profundo desconocimiento del sector y causará un enorme daño que estimamos en la pérdida de cerca de 2.000 puestos de trabajo, buena parte de ellos en pequeños negocios de hostelería que se sustentan gracias a la aportación de la máquina y van a tener que cerrar”. 

Para Rubio, “si este proyecto de ley no se revisa y se aprueba así, van a poner en serio peligro una actividad legal, muy regulada e inspeccionada y sumamente rentable para la misma Administración que ahora parece querer acabar con ella con la excusa de proteger a colectivos vulnerables para los que no se ha esbozado medida de apoyo alguna”.

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