El senador Irajá volvió a referirse a los impactos positivos que generaría la aprobación del PL 2.234/22
El relator de la propuesta para regular el juego físico en Brasil destacó el impacto económico y de generación de empleo de la norma que aún se encuentra en trámite en el Senado.
Brasil.- El senador Irajá Silvestre Filho, relator del Proyecto de Ley 2.234/2022, reiteró en una reciente entrevista con el portal ND Mais su defensa a la legalización de casinos, bingos, jogo do bicho y apuestas en carreras de caballos en Brasil. Según el parlamentario, la medida no solo podría generar una recaudación anual de al menos R$ 20.000m (USD 3.700 m) en impuestos, sino que también contribuiría a debilitar el crimen organizado al sacar estas actividades de la clandestinidad, a la par de generar gran cantidad de puestos laborales.
En el marco de un encuentro nacional del PSD en Santa Catarina, Irajá destacó que el proyecto ha avanzado en el Congreso, con aprobaciones en comisiones y debates temáticos. «Hay una perspectiva de recaudar por lo menos R$ 20.000m y estos recursos serán revertidos en beneficios para la población, divididos entre los estados, municipios, salud, educación y seguridad pública», afirmó el senador. Además, enfatizó que la legalización retiraría el control de estas operaciones de grupos criminales como milicias, el Comando Vermelho y el PCC, ya que actualmente funcionan sin fiscalización en muchas ciudades brasileñas.
El relator subrayó el potencial económico y social de la propuesta, proyectando la creación de más de 1,5 millones de empleos directos e indirectos. «Esto es una agenda económica y social, no solo de entretenimiento», insistió, al tiempo que citó ejemplos internacionales: países que legalizaron los juegos responsables duplicaron su flujo turístico en cinco años. En este sentido, Brasil podría atraer visitantes de Europa, Asia y Estados Unidos que actualmente optan por destinos como Argentina, Chile y Uruguay.
Respecto a la implementación, el proyecto prevé la instalación de un resort-casino en cada uno de los 27 estados, con excepciones para los más poblados como São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Bahía, que podrían tener hasta dos licencias. Para los bingos, se autorizaría uno por cada 250 mil habitantes, y para el jogo do bicho, uno por cada 700 mil. En Santa Catarina, por ejemplo, se abriría la posibilidad de un resort-casino, además de operaciones de bingos y jogo do bicho, impulsando el turismo local.
Esta no es la primera vez que Irajá defiende públicamente el proyecto. Hace unas semanas, en otra entrevista, el senador argumentó que Brasil no puede renunciar a esta recaudación, equiparable a recortes presupuestarios recientes, y que la regulación convertiría al país en un polo turístico de apuestas. «El turismo de juegos existe, como el de cruceros o el ecológico, y Brasil está fuera de ese circuito», señaló entonces, citando naciones como Estados Unidos, Japón, Italia y Uruguay como modelos exitosos.
El respaldo al PL 2.234/22 no se limita al relator. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, ha expresado su apoyo en declaraciones previas, argumentando que los juegos presenciales son menos masivos que las apuestas online y podrían fortalecer el turismo en ciudades como Foz do Iguaçu, Manaus o Río de Janeiro. «Me pareció extraño que el juego virtual haya sido aprobado y el presencial no», comentó Haddad, criticando la clandestinidad del jogo do bicho, que solo beneficia al crimen organizado y priva al Estado de ingresos fiscales y empleos formales.
Además, una encuesta del Instituto DataSenado reveló que el 60 por ciento de la población brasileña apoya la legalización de los juegos físicos, lo que fortalece la posición de los defensores. El proyecto incluye medidas contra la ludopatía, como registro obligatorio con CPF, exclusión de pagos con crédito, auditorías fiscales y un sistema nacional de autoprohibición.
Pese a la resistencia de sectores conservadores, como la bancada evangélica, que teme un aumento en la adicción al juego, Irajá confía en una aprobación inminente. «No puede estar todo el mundo equivocado y solo nosotros tener razón«, ironizó en sus declaraciones anteriores, refiriéndose a la legislación existente en la mayoría de los países de la OCDE y el G20.
Por el momento, no se ha dado a conocer cuándo será el momento en el que finalmente el PL 2.234/22 sea sometido a votación, aunque existe el compromiso de que el debate se realice durante este semestre.
