El partido socialista exige al gobierno de Melilla explicaciones sobre supuestos nexos con un caso de corrupción que involucra el modelo fiscal del igaming
En el caso de Melilla, se indagan supuestos pagos de la empresa Codere destinados a impulsar una legislación fiscal favorable al igaming.
España.- El diputado Rafael Robles, del Grupo Socialista en la Asamblea de Melilla, reclamó al presidente Juan José Imbroda y al primer vicepresidente Miguel Marín que expliquen su presunta implicación en un esquema de corrupción vinculado al modelo fiscal del juego online, aludiendo a la investigación sobre la consultora Equipo Económico, fundada por el exministro Cristóbal Montoro, por supuestos amaños legislativos a cambio de pagos.
El diputado socialista pidió transparencia sobre todas las gestiones realizadas desde 2017: viajes oficiales, reuniones con empresas, participación en ferias, agendas institucionales y comunicaciones con el Ministerio de Hacienda. “Lo mínimo que pueden hacer es dar la cara y ofrecer explicaciones”, afirmó.
Recordó que Codere emplea a más de 50 personas en Melilla y que fue la primera en beneficiarse del “régimen de atracción fiscal” aprobado en los Presupuestos de 2018 a instancias de Ceuta y Melilla. “El PP lo sabía, lo promovió y lo aplaudió. Ahora deben responder ante los melillenses”. Además, Robles acusó al Ejecutivo local de ocultar información y generar “más sospechas por su opacidad”. Advirtió que, sin respuestas claras, este caso se convierte en uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia en Melilla.
La investigación
La Justicia, a través del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Tarragona, encontró posibles pruebas de que Codere abonó EUR 679 mil a Equipo Económico entre 2008 y 2012 para influir en la tramitación, desarrollo e implementación de la Ley del Juego y su normativa tributaria.
El informe de los Mossos d’Esquadra, realizado en noviembre 2022, detalla que esos pagos buscaban nivelar el campo de juego frente a operadores extranjeros, como Betfair y William Hill, y modificar disposiciones fiscales a beneficio de Codere. También se señaló la implicación de Rafael Catalá, consejero de Codere y exministro de Justicia, como enlace institucional para presionar a legisladores.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) del Ministerio de Hacienda investigó a operadoras extranjeras y exigió pagos retroactivos de impuestos, debilitando a la competencia extranjera y beneficiando indirectamente a Codere. Todo esto ocurrió durante la redacción de la Ley del Juego bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2004 y 2011.
