El Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay criticó el proyecto que regularía los slots fuera de los casinos
![El MEF emitió un informe para manifestar su postura contra el proyecto.](https://focusgn.com/latinoamerica/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Casinos-en-Uruguay-podrian-adelantar-alivios-impositivos.jpg)
Desde la cartera advirtieron que se debe evitar su proliferación en lugar de generar una “autorización casi sin límites”.
Uruguay.- A ocho meses de la presentación ante el Senado uruguayo de un proyecto que busca regular las máquinas tragamonedas ubicadas fuera de los casinos, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) criticaron la iniciativa a través de un informe presentado ante el Parlamento que se encuentra estudiando el texto.
El proyecto fue presentado por el senador del Partido Nacional Sergio Botana en el mes de noviembre, con el objetivo de evitar el juego ilegal, sin embargo, desde el MEF cuestionaron varios puntos del texto.
La principal crítica es que se trata de una “actividad ilícita” cuando se hace sin habilitación, y que, por lo tanto, se debe “evitar su proliferación en lugar” de generar una “autorización casi sin límites”.
Según el informe al que accedió el medio local El País, el ministerio apuntó que se corre el “riesgo” de que se genere un “juego de menores, eventuales estafas y un posible incremento de la violencia” por la aprobación de la iniciativa —que limita a 25 máquinas electrónicas de juegos de azar por local—, así como también consideró que se podría dar un “incremento de la ludopatía”.
Asimismo, desde la cartera creen que su aprobación podría “generar la proliferación del juego vía online” en un “futuro inminente” con el “riesgo del incremento de la ludopatía en forma descontrolada”. Y añadió: “En definitiva, (el proyecto) innova dejando por el camino una política de Estado que supera ya el siglo de vigencia”.
A su vez, el MEF explicó cuáles serían las consecuencias que tendría la aprobación frente a la legislación actual para el juego de azar. Para el ministerio se generaría un “trato discriminatorio y contraproducente” a los “inversores que confiaron en el sistema histórico —inversión privada mediante, en ocasiones millonaria en dólares con la correspondiente creación de fuentes de trabajo y desarrollo de la infraestructura turística—, tanto en el caso de los actuales casinos ‘privados’, como en el caso de las salas mixtas de juego de la Dirección General de Casinos”.
Ver también: El Banco Central de Uruguay amplió la regulación sobre transacciones asociadas a juegos de azar y apuestas ilegales
El proyecto autorizaría la explotación comercial de las máquinas tragamonedas y define que podrán ser instaladas en “locales comerciales habilitados, cuyo giro principal sea cantinas, pubs, salones, bares, restaurantes, hoteles hasta tres estrellas y similares”.
Sin embargo, establece que solo se podrán utilizar las “máquinas electrónicas de juegos de azar que cumplan” con ciertos requisitos, como que el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) certifique que tiene un “porcentaje de retorno al público no inferior al 85 por ciento”. Y que deberá haber un “máximo de 25.000” tragamonedas operativas en el país, las que se distribuirán entre los posibles diferentes operadores.
Otro aspecto planteado en el proyecto es la creación de un registro de operadores de slots así como de fabricantes, máquinas electrónicas, juegos autorizados y de contratos de explotación, el cual dependerá de la Dirección General de Registro del Ministerio de Educación y Cultura. Asimismo, los tragamonedas deberán tener un número de matrícula, el cual será intransferible y permitirá identificar cada máquina.
A nivel tributario, el proyecto plantea un gravamen único del 15 por ciento sobre la ganancia de cada máquina. De ese impuesto, el 12 por ciento será para un Fondo de Fomento Municipal (cuya creación se establece en el mismo texto), encargado de habilitar los locales y fiscalizar la actividad; 1 por ciento para el funcionamiento de la cámara, 1 por ciento para la tarea del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y 1 por ciento para el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).