Presentan en Uruguay un proyecto de ley para regular las máquinas tragamonedas
Se trata de una iniciativa del senador Sergio Botana que busca evitar el juego ilegal.
Uruguay.- Con el objetivo de evitar el juego ilegal, el senador del Partido Nacional Sergio Botana, presentó un proyecto de ley para regular la actividad de las máquinas tragamonedas en el país. La iniciativa ingresó el martes 21 de noviembre a la Comisión de Hacienda del Senado y se espera que sea tratada durante las próximas semanas, antes de que finalice el año.
Según se estima, existen entre 40.000 y 50.000 máquinas tragamonedas en Uruguay, sin ninguna regulación para su actividad, lo que ha generado una polémica entre la Dirección General de Casinos (DGC), que afirma que la operativa es ilegal, mientras que los dueños de las máquinas, nucleados en la Cámara Uruguaya de Entretenimientos (CUDE), sostienen lo contrario.
El medio local El País informó que el proyecto autoriza la explotación comercial de las máquinas tragamonedas y define que podrán ser instaladas en “locales comerciales habilitados, cuyo giro principal sea cantinas, pubs, salones, bares, restaurantes, hoteles hasta tres estrellas y similares”. Asimismo, establece un tope máximo de hasta 25 máquinas por cada local comercial.
Se plantea que el máximo de slots que pueden operar en el país será de 25.000 y la cantidad de máquinas otorgadas a cada operador variará en función de diferentes criterios tales como la antigüedad, el monto de la garantía, el precio del permiso en relación a la cantidad de máquinas solicitadas, entre otros. El mínimo de máquinas adjudicadas a cada operador será de 50 y el máximo de 500.
Además, solo podrán ser operadores las personas físicas titulares de las máquinas que estén inscriptas ante la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS). Estas personas “deberán acreditar solvencia, idoneidad y permanencia ininterrumpida en la actividad en los últimos seis años” a partir de la promulgación de la ley.
Asimismo, los titulares de las empresas operadoras solo podrán ser ciudadanos legales o naturales y deben estar libre de antecedentes penales, dado que “es de interés” evitar el ingreso de “eventuales grupos extranjeros que puedan estar vinculados con actividades delictivas, ya sea venta de droga y posible lavado de activos”, señala el proyecto.
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Por otra parte, se establece la obligatoriedad de que todos los titulares de máquinas tragamonedas conformen una cámara para identificar a los permisarios autorizados. Estos “deberán cumplir con sus obligaciones, tanto fiscales como de pago de premios y garantía, y por lo tanto se crea un sistema similar al de la Banca de Quinielas”, según el texto.
La normativa prevé además que sea el LATU el encargado de certificar que los programas de juego cumplan con determinados requisitos, como por ejemplo, asegurar que el porcentaje de retorno al público no puede ser inferior al 85 por ciento.
Otro aspecto planteado en el proyecto es la creación de un registro de operadores de slots así como de fabricantes, máquinas electrónicas, juegos autorizados y de contratos de explotación, el cual dependerá de la Dirección General de Registro del Ministerio de Educación y Cultura. Asimismo, los tragamonedas deberán tener un número de matrícula, el cual será intransferible y permitirá identificar cada máquina.
A nivel tributario, el proyecto plantea un gravamen único del 15 por ciento sobre la ganancia de cada máquina. De ese impuesto, el 12 por ciento será para un Fondo de Fomento Municipal (cuya creación se establece en el mismo texto), encargado de habilitar los locales y fiscalizar la actividad; 1 por ciento para el funcionamiento de la cámara, 1 por ciento para la tarea del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y 1 por ciento para el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
El senador Botana le dijo al medio El País acerca de la importancia de su iniciativa legislativa: “Ha habido una mayor percepción del riesgo (que implica esta actividad desregulada) y un cambio de actitud. Los que pensaban que no era bueno regular, ahora están percibiendo que sí existe un riesgo y que hay que meterle el diente a esto”.
