El IBJR solicita participar de la audiencia por los cierres de cuentas de apuestas pertenecientes a beneficiarios del Bolsa Família

El IBJR solicita participar de la audiencia por los cierres de cuentas de apuestas pertenecientes a beneficiarios del Bolsa Família

La entidad asegura que cuenta con mucha experiencia en el sector y que puede aportar claridad al debate.

Brasil.- El Instituto Brasilero de Juego Responsable (IBJR) solicitó al ministro Luiz Fux, del Supremo Tribunal Federal (STF), participar de la audiencia de conciliación vinculada a la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 7.721, que analiza el bloqueo y cierre de cuentas de apuestas pertenecientes a beneficiarios del Bolsa Família y del Beneficio de Prestación Continuada (BPC).

El pedido fue presentado el martes 3 de febrero, un día después de que Fux decidiera postergar la audiencia, que aún no tiene nueva fecha. Desde el Instituto señalaron su intención de aportar al debate a partir de su experiencia en el mercado regulado de juegos de azar.

En la solicitud enviada al magistrado, el IBJR remarcó que representa a más del 70 por ciento del mercado legal de apuestas online del país, y que cuenta con información técnica relevante sobre el funcionamiento de las plataformas, así como sobre las herramientas disponibles para prevenir el juego problemático.

Pese a la postergación del encuentro, el ministro Fux mantuvo vigentes todas las medidas previamente dictadas. Continúa suspendido el cierre compulsivo de cuentas ya existentes en operadores de apuestas, mientras sigue en pie la prohibición de nuevos registros y de apertura de cuentas, conforme a lo establecido en la Instrucción Normativa SPA/MF nº 22/2025.

El comienzo del debate

El conflicto se originó tras la entrada en vigor de la Ordenanza SPA/MF nº 2.217/2025 y de las Instrucciones Normativas SPA/MF nº 22/2025 y 24/2025, que dieron lugar a interpretaciones contrarias sobre cómo debía aplicarse la medida cautelar. Además, la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) cuestionó las normas del Ministerio de Hacienda, argumentando que las disposiciones exceden el alcance de la decisión judicial y vulneran principios como la libertad económica y la igualdad de trato.

La audiencia de conciliación había sido fijada inicialmente para el 17 de marzo de 2026, con la participación de la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC) y organismos estatales y asociaciones sectoriales. Luego fue adelantada para febrero y finalmente cancelada.

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