Denuncia contra SELAE: el fiscal Carlos García-Berro se opuso al avance de la investigación

Tras la presentación judicial de la Organización Manos Limpias por presunto fraude en los concursos públicos, el Fiscal de la Audiencia Nacional declaró que la querella es inadmisible.

España.- El fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos García-Berro, ha emitido un duro escrito contra los querellantes del presunto amaño en la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se ha opuesto a que el juez Santiago Pedraz investigue la causa.

García-Berro solicitó al juez Pedraz que inadmita la querella interpuesta por la Organización Manos Limpias por un presunto fraude en los concursos públicos diseñado para beneficiar a personas concretas en el proceso de obtención de licencias. Estas licencias permiten a los adjudicatarios dirigir las 52 delegaciones comerciales de Loterías del Estado, una entidad que depende directamente del Ministerio de Hacienda que encabeza la ministra María Jesús Montero. Por ello, este caso involucraba a la vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez y ministra de Hacienda.

Los querellantes entregaron al juez un informe pericial en el que se denunciaban todas las irregularidades en las adjudicaciones de estas delegaciones provinciales que, casualmente, tienden a pasar «de padres a hijos» o a otros miembros de la familia. Esto significa que, en muchas ocasiones, los agraciados con la concesión del contrato guardan algún tipo de relación de «consanguinidad» con el titular anterior que deja vacante la delegación. Este patrón de adjudicación ha generado suspicacias, ya que parece sugerir que los concursos públicos, aunque teóricamente abiertos a todos, favorecen en la práctica a ciertos familiares de los delegados destacados.

Fuentes internas consultadas por este medio español The Objective afirman que «no se trata de una mera casualidad», sino que en realidad «nunca ha existido una regulación estricta» en los concursos públicos para la concesión de delegaciones comerciales. Según estas fuentes, se ha permitido adulterar los procesos para que los beneficiarios sean siempre las mismas personas.

El fiscal hizo caso omiso a esta denuncia. «Resulta notorio que cinco contratos, por más que los querellantes se empeñen en ver conductas delictivas de todo tipo y por mucho que se afirme sin base alguna que son muchos millones, no son base bastante para afirmar la competencia de la Audiencia Nacional, ni para, como se solicita, ordenar una entrada y registro en la sede de Loterías y Apuestas del Estado».

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Fue un juez de instrucción de los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid el que determinó que dicha causa era competencia de la Audiencia Nacional y derivó a los querellantes a este organismo. Estos acataron dicha orden y, por ese motivo interpusieron una nueva querella en la Audiencia Nacional.

«Además de por falta de competencia objetiva, procede la inadmisión de la querella por ausencia de la mínima consistencia en el relato de los hechos punibles, construido de forma artificiosa, con recortes de actas, especulaciones y conclusiones propias. Con carácter general, un relato constituido ad hoc no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato propio en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Se precisa algo más», se expresó el representante de la Audiencia Nacional en su rechazo.

«El único relato que se ofrece al propio relato construido por el querellante es un denominado informe pericial que, en realidad, es un informe de un detective privado entre cuyas fuentes de conocimiento figura la consulta a ChatGPT, recortes de prensa y recortes de boletines oficiales», ahondó García-Berro en los motivos de su rechazo. Así, la causa que acorralaba a SELAE e incluía a importantes figuras del gobierno español no avanzará en sede judicial.

Se espera que los querellantes avancen en algún tipo de nueva presentación, aunque, primero, deberán buscar la manera de sortear el hecho de volver a caer en la Audiencia Nacional, la cual ya demostró su reticencia a avanzar en la investigación judicial.