Cuál será el futuro del sector de Colombia si se aprueba el IVA del 19% al juego online

Tatiana María Vásquez, abogada especialista en regulación del juego en Colombia.
Tatiana María Vásquez, abogada especialista en regulación del juego en Colombia.

Tatiana María Vásquez, abogada especialista en regulación del juego en Colombia, habló con Focus Gaming News acerca del panorama actual de la industria en el país y las perspectivas ante la presentación de la reforma tributaria.

Informe especial.- La industria del juego de Colombia está alerta ante la presentación, por parte del Ministerio de Hacienda de la reforma tributaria que incluye, entre varios puntos, el cobro del IVA del 19 por ciento a las plataformas de apuestas online, una medida que ya rige por decreto desde febrero de este año y que fue duramente criticada por los operadores ya que derivó en una caída de los ingresos y de la recaudación para el sistema de salud.

Al respecto, Focus Gaming News habló con Tatiana María Vásquez, abogada especialista en regulación del juego en Colombia, de la firma Vásquez & Asociados, quien analizó el panorama actual de la industria y qué va a pasar si se aprueba la reforma tributaria planteada por el Ejecutivo. 

¿Cómo ve hoy el panorama actual del juego en Colombia y cuáles cree que son los desafíos que deben resolverse en lo inmediato para que la industria siga creciendo?

Colombia se ha consolidado como un referente regulatorio en Latinoamérica, al ser el primer país de la región en establecer un marco de licenciamiento para juegos online y en mantener un sistema de concesiones para juegos localizados. Esto permitió un crecimiento sostenido y aportes crecientes a la salud pública.

Hoy, sin embargo, el panorama está marcado por la entrada en vigor del Decreto 175 de 2025, que desde el 22 de febrero extendió el IVA del 19 por ciento a los depósitos de los jugadores en plataformas online. Esta medida —vigente inicialmente hasta el 31 de diciembre— ha tenido un impacto financiero crítico: en seis meses de aplicación, las empresas autorizadas enfrentan una situación de sostenibilidad muy delicada.

Las cifras lo evidencian: mientras en el último mes sin IVA los operadores online aportaron más de COP40.000m (USD9.9m) al sistema de salud, en los primeros cuatro meses con la medida en vigor (marzo-junio de 2025), el promedio mensual cayó a COP28.000m (USD6.9m), una reducción cercana al 30 por ciento. Esto es especialmente preocupante si se recuerda que en 2024 el sector transfirió más de COP436.000m al régimen subsidiado de salud.

Los gremios del sector, han venido trabajando en una contrapropuesta unificada que busca evitar que el IVA se mantenga de forma permanente, como ya está contemplado en el texto de la reforma tributaria radicada el día de hoy por parte del Gobierno. 

Además de asesorar a empresarios operadores de juegos, yo también asesoro a Fecoljuegos (gremio del sector). La justificación es clara:

  • El Decreto 175 fijó como base gravable los depósitos de los jugadores, que no son ingreso real ni generan valor agregado.
  • El impacto económico es desproporcionado: por cada COP100 depositados, el ingreso real del operador ronda los COP30, pero el IVA equivale a COP19, es decir, más del 60 por ciento del ingreso neto.
  • Se afecta no solo la sostenibilidad empresarial, sino también los recursos a la salud, el empleo y la inversión en medios y programas de juego responsable.
  • A nivel internacional, ninguna jurisdicción aplica IVA general sobre apuestas online; el estándar es gravar el GGR o el NGR con impuestos específicos, lo que garantiza competitividad y altas tasas de canalización.

En este contexto, los desafíos inmediatos del sector son:

  • Superar la crisis actual generada por el IVA.
  • Convencer al Gobierno y al Congreso del grave impacto de la medida en la operación legal.
  • Sostener la contrapropuesta gremial unificada, que busca un modelo fiscal equilibrado, competitivo y alineado con las mejores prácticas internacionales.

¿Cuál es su opinión sobre la implementación del IVA del 19 por ciento sobre los ingresos en juegos exclusivos online para garantizar la sostenibilidad del sector?

La imposición del 19 por ciento de IVA sobre los depósitos en juegos online ha tenido consecuencias negativas profundas. En primer lugar, afecta la sostenibilidad de los operadores legales, que han asumido gran parte del impuesto para no trasladarlo al usuario y contener la migración hacia plataformas ilegales.

Además, reduce los aportes a la salud: los ingresos mensuales destinados al régimen subsidiado han caído casi un 30 por ciento respecto a los niveles previos a la medida. Por otra parte, genera un efecto confiscatorio, pues la carga fiscal total (IVA más derechos de explotación) supera el 70 por ciento del ingreso neto.

Desde Vásquez & Asociados hemos acompañado a los operadores en la implementación exprés de la medida —que se adoptó con apenas cinco días de margen— y a los gremios en la elaboración de estrategias jurídicas y de política pública. También hemos participado en la intervención de Fecoljuegos ante la Corte Constitucional, en el análisis de constitucionalidad del Decreto Ley 175 de 2025.

La alternativa más eficiente es reemplazar este esquema por un impuesto único sobre los ingresos reales del sector (GGR) o sobre el NGR (equivalente al GGR – impuesto al juego). Este modelo no sólo es consistente con la práctica internacional, sino que además asegura la competitividad del juego legal y maximiza los recursos a la salud.

Para quienes están considerando ingresar al mercado Colombiano, ¿qué precauciones se deben tener para adaptar modelos de negocios extranjeros a la normativa del país?

Quien piense en invertir en Colombia debe tener en cuenta tres capas de adaptación:

  • Corporativa y regulatoria: el modelo es de concesión estatal, administrado por Coljuegos. El primer paso es constituir una sociedad, designar representante legal en el país y solicitar la licencia para las modalidades autorizadas, cumpliendo con las certificaciones técnicas exigidas.
  • Operativa: el mercado exige integrar métodos de pago locales (transferencias PSE, billeteras digitales, corresponsales bancarios) y adaptar el producto al contexto cultural y lingüístico, con atención en español y prácticas de juego responsable.
  • Cumplimiento: se requiere un programa integral de prevención de LA/FT, alineado con la UIAF, así como estrictas obligaciones de protección de datos (Ley 1581 de 2012) y de publicidad responsable, que impiden segmentar hacia menores y poblaciones vulnerables.

¿Qué desafíos legales enfrenta Colombia al intentar armonizar su regulación con otros países a través de la Comisión Iberoamericana de Reguladores?

La integración enfrenta la heterogeneidad de modelos: hay jurisdicciones con mercados de licenciamiento abiertos y otros cerrados. Además, hay jurisdicciones como Argentina en donde coexisten regímenes provinciales; en Brasil se avanza en licencias nacionales; en Colombia el monopolio es estatal y centralizado. Además, hay cargas impositivas distintas y facultades sancionatorias desiguales.

Los principales retos son:

  • Reconocimiento mutuo técnico de certificaciones y laboratorios.
  • Protección de datos con estándares divergentes.
  • Integridad deportiva, especialmente en la lucha contra el match-fixing.
  • Pagos y publicidad, donde faltan mecanismos conjuntos para bloquear operaciones y anuncios ilegales.
  • Homogeneizar lineamientos en materia de integridad y juego responsable, fijar criterios mínimos comunes en KYC, además de un intercambio de inteligencia para combatir la ilegalidad (intercambio de información entre jurisdicciones)

¿Qué papel puede jugar la Inteligencia Artificial en la fiscalización y prevención del juego ilegal en Colombia?

  • La IA puede convertirse en un aliado estratégico para la autoridad y los operadores legales:
  • Monitorear dominios y campañas digitales que promocionan juego ilegal.
  • Analizar patrones sospechosos en redes de pago, billeteras digitales y tarjetas.
  • Detectar fraudes, suplantaciones y abuso de bonos.
  • Apoyar inspecciones físicas con visión computacional.

Todo ello exige bases legales claras, proporcionalidad y respeto a la protección de datos, para que la supervisión sea efectiva y legítima.

¿Cómo se puede garantizar que la publicidad de juegos de azar sea socialmente responsable y no afecte a poblaciones vulnerables?

El reto es garantizar que la publicidad proteja a los menores y no incentive conductas de riesgo. Para ello se aplican tres principios:

  • Prohibición: tienen que implementarse mecanismos para bloquear los medios que publiciten plataformas ilegales, pues en estas están expuestos al juego sin reglas y sin restricciones para el acceso a menores.
  • Contenido: mensajes que no asocien el juego a riqueza fácil; inclusión de advertencias claras sobre riesgos y probabilidades.
  • Audiencia: sistemas de verificación de edad, segmentación digital responsable y exclusión de menores y poblaciones vulnerables.
  • Mensajes: obligación de incluir mensajes de juego responsable con igual relevancia que la oferta comercial.

Lo ideal es avanzar hacia auditorías externas de campañas y estándares regionales que homogenicen las buenas prácticas.

¿Qué ajustes considera necesarios en la legislación actual para regular nuevas modalidades como los esports o el uso de criptomonedas?

Por un lado, respecto a los eSports en Colombia, Coljuegos los reconoce como apuestas reales no deportivas, lo que significa que pueden ser objeto de apuestas, aunque aún no están definidos expresamente dentro de la regulación de juego online. De manera paralela, una ley de la República recientemente declaró a los eSports como deporte, lo que plantea un reto de armonización regulatoria: cómo conciliar su estatus de disciplina deportiva con su explotación como vertical de apuestas. El desafío es complementar la regulación con protocolos de integridad, acuerdos con publishers y reglas específicas de protección a menores.

En relación a las criptomonedas, en Colombia, las cripto no hacen parte del sistema financiero formal y la regulación de juego online prohíbe expresamente su uso como método de pago. No obstante, son una realidad creciente en el mercado y su regulación será inevitable. El debate debería centrarse en intermediarios confiables; trazabilidad en blockchain; y base fiscal en pesos.

Un camino viable es un sandbox regulatorio, es decir, un esquema de prueba supervisada donde se pueda experimentar con apuestas en cripto bajo límites y control, antes de abrirlo masivamente.

¿Qué estrategias podrían implementarse para atraer inversión extranjera sin comprometer las normativas regulatorias actuales?

Para atraer inversión extranjera en el sector de juegos de suerte y azar en Colombia, no se trata de flexibilizar los controles, sino de ofrecer reglas claras y un entorno competitivo.

 Las prioridades deberían ser:

  • Certidumbre tributaria: es clave que la carga impositiva esté claramente definida. Si se mantiene un impuesto como el IVA, este debería aplicarse sobre los ingresos reales del sector (GGR o NGR) y no sobre los depósitos o las apuestas, lo que generaría seguridad jurídica y un ambiente de confianza para los inversionistas.
  • Agilidad en procesos con Coljuegos: simplificar y acelerar los trámites de autorización y contratación, reduciendo tiempos y cargas administrativas, es fundamental para facilitar la entrada de nuevos operadores.
  • Flexibilidad en inversión publicitaria: actualmente existe un tope reducido para la inversión en publicidad de nuevos operadores, lo que limita su capacidad para darse a conocer frente al mercado. La publicidad es la herramienta más idónea que tienen los operadores legales para diferenciarse de la oferta ilegal; por ello, la regulación debería permitir mayores márgenes de inversión en esta etapa inicial.
  • Fortalecimiento de la lucha contra la ilegalidad: es esencial que el Estado despliegue herramientas claras para proteger al mercado regulado. Dos ejemplos concretos serían: bloqueo de medios de pago que procesen transacciones hacia operadores sin licencia en Colombia; y registro oficial de proveedores de juegos en Coljuegos, con prohibición expresa de suministrar contenido o tecnología a operadores no autorizados.
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