Codere inicia un arbitraje internacional contra Panamá por irregularidades regulatorias
La compañía sostiene que la Junta de Control de Juegos permitió la operación de salas que habían sido declaradas ilegales por la justicia panameña.
Panamá.- El Grupo Codere, a través de su filial Codere América, notificó al Estado de Panamá el inicio de un arbitraje internacional de inversión contra la Junta de Control de Juegos (JCJ), dentro del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones vigente entre España y Panamá. La disputa está vinculada a acciones de la autoridad reguladora que, a su juicio, afectaron las condiciones de competencia en el mercado panameño del juego.
En su presentación, Codere acusa a la JCJ de haber actuado de manera arbitraria y de permitir el funcionamiento de salas de juego de la competencia que, según sostiene la compañía, operaban de forma ilegal. La empresa considera que esta situación perjudicó el desarrollo de su actividad en el país.
La operadora también argumenta que el regulador incumplió un fallo previo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que había declarado ilegales las nuevas salas de máquinas tragamonedas tipo A. De acuerdo con Codere, las autoridades no adoptaron las medidas necesarias para hacer efectiva esa resolución judicial.
Situación actual nacional
El arbitraje se produce en un momento en que Panamá avanza en el fortalecimiento de su marco regulatorio del juego. Recientemente, el país promulgó la Ley 527, que amplía las facultades de supervisión de la Junta de Control de Juegos e incorpora nuevas medidas de protección al jugador y control de operadores.
Entre las principales disposiciones, la ley exige que las plataformas digitales de apuestas incorporen herramientas que permitan a los jugadores configurar límites voluntarios de gasto y tiempo, así como recibir alertas automáticas cuando se detecten patrones de comportamiento considerados de riesgo.
Asimismo, los operadores deberán implementar sistemas de verificación biométrica de identidad y edad para impedir el acceso de menores de 18 años a las actividades de juego online.
Tras la notificación formal, ambas partes ingresaron en una etapa de negociaciones amistosas, un procedimiento previsto en este tipo de controversias antes de avanzar a instancias arbitrales. El objetivo es explorar una solución consensuada al conflicto y evitar una escalada del proceso.
