Causa Conajzar: se sigue complicando la situación de los imputados
El tribunal de apelación ratificó la imputación de Ricardo Núñez, Rubén Rousillón y Álvaro Wasmosy en la causa que se investiga a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) de Paraguay.
Paraguay.- Siguen las novedades en torno al escándalo de la causa de Conajzar. En el día de ayer, la Cámara de Apelaciones especializada en Delitos Económicos, integrada por los jueces Bibiana Benítez, Gustavo Auadre y Andrea Vera, ratificó el rechazo al pedido de nulidad de la imputación planteada por Ricardo Núñez, Rubén Rousillón y Álvaro Wasmosy. Ya se confirmaron seis de las siete imputaciones por supuestos hechos de corrupción en juegos de azar.
Esta semana, el mismo tribunal confirmó la imputación por lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción contra el expresidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) José Antonio Ortiz Báez; Carmen Corina Alonso, actual directora de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y Raúl Silva, ex integrante de Conajzar.
Falta definir la situación de Omar Mongelós. Por otro lado, el juez Humberto Otazú aplicó medidas alternativas a la prisión al ex procurador Sergio Coscia.
Rousillón y Nuñez están procesados por supuestos hechos punibles al “legalizar” tragamonedas, además de aparentemente haber adjudicado la quiniela a una firma morosa y reducir el canon a concesionarias de la Conajzar.
Por su parte, Álvaro Wasmosy, representante de la firma TDP, está imputado por supuestamente haber hecho una declaración falsa para beneficiarse con la adjudicación de la quiniela.
La investigación de la fiscal María Estefanía González surge luego de la denuncia de los senadores Enrique Bacchetta, Esperanza Martínez y Jorge Querey presentada ante el Ministerio Público de Paraguay el pasado agosto contra la Conajzar. Los senadores denunciaron presuntas irregularidades al momento de adjudicarle las operaciones de loterías a TDP, mientras que también acusaron a Conajzar de infringir la ley al permitir la operación de máquinas tragamonedas en salones que no son exclusivos de juegos y al conceder un descuento en los impuestos aplicados a las empresas de la industria.
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La versión de TDP
Al momento de la imputación el año pasado, en declaraciones a un medio local, el abogado José Fernández Zacur, defensor de Álvaro Wasmosy, representante de la firma TDP SA, aseguró que la firma no incurrió en hecho punible alguno.
“La SET pretende reclamar a TDP SA un impuesto luego de haberse derogado hace dos años cuando no lo hizo en ningún momento cuando estuvo vigente. La posición de la empresa es que se trata de un impuesto inaplicable por falta de reglamentación”, subrayó.
Por otro lado, manifestó que no existe la declaración falsa que imputa el Ministerio Público, primero porque la declaración falsa es un hecho punible contra la prueba testimonial.
“Por ende, solo se admite en aquellos procesos en los cuales pueda abrirse una etapa probatoria que permita la producción de testimonios y obviamente el proceso licitatorio no es ese tipo de proceso”, indicó.
En torno a la supuesta moratoria de la empresa, enfatizó el profesional abogado que tampoco la Fiscalía argumenta con sustento.
“La existencia o no de mora está actualmente en un proceso contencioso controvertido que todavía tiene mucha tela por cortar y para nosotros la imputación fiscal carece de sustento jurídico suficiente”, expresó.
