Casinos chilenos rechazan la tributación de las apuestas online sin una ley específica

Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva de la ACCJ.
Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva de la ACCJ.

La Asociación Chilena de Casinos y Juego volvió a cuestionar la decisión del Servicio de Impuestos Internos de permitir que plataformas de apuestas online paguen IVA, al considerar que el Estado incurre en una contradicción al recaudar impuestos de una actividad que sigue siendo considerada ilegal. El gremio alertó además sobre riesgos y una posible competencia desleal.

Chile.- La controversia en torno al cobro de IVA a las plataformas de apuestas online extranjeras en Chile sumó un nuevo capítulo luego de que la Asociación Chilena de Casinos y Juego (ACCJ) reforzara sus críticas contra la decisión adoptada por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Durante una presentación ante la Comisión de Economía del Senado, la presidenta ejecutiva de la ACCJ, Cecilia Valdés, calificó la medida como una “contradicción gigante”, al sostener que el Estado está permitiendo la recaudación tributaria de una actividad que, según recordó, continúa siendo considerada ilegal por la legislación vigente y por distintos pronunciamientos judiciales.

La discusión surge semanas después de que el SII habilitara un mecanismo para que operadores de apuestas deportivas y casinos online sin presencia física en Chile se registren y paguen IVA por los servicios prestados a usuarios locales. La autoridad tributaria argumentó que su función es fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones impositivas y no determinar la legalidad o ilegalidad de las actividades económicas.

Sin embargo, desde la ACCJ insistieron en que cualquier esquema de tributación debería ser posterior a la aprobación de una regulación específica para el sector. “Primero tenemos que tener una ley y después vemos cómo se recauda y cuánto se recauda”, afirmó Valdés ante los legisladores.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por el gremio apunta a los riesgos asociados a la falta de supervisión de las plataformas que actualmente operan en el mercado chileno. Según explicó la asociación, una consulta realizada ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) confirmó que estos operadores no están obligados a reportar operaciones sospechosas, una situación que, a su juicio, podría generar vulnerabilidades en materia de prevención del lavado de activos.

La ACCJ también advirtió sobre la ausencia de mecanismos de protección para los consumidores, incluyendo controles relacionados con el juego problemático, la participación de menores de edad y la verificación de la integridad de los sistemas de juego. En ese sentido, sostuvo que las plataformas online continúan funcionando sin las obligaciones regulatorias que sí deben cumplir los casinos autorizados.

Otro de los puntos destacados por la asociación fue la diferencia en materia tributaria entre ambos sectores. Mientras los casinos presenciales están sujetos a una estructura impositiva más amplia que incluye tributos específicos sobre la actividad, las plataformas online alcanzadas por la nueva resolución únicamente deberán cumplir con el pago del IVA, lo que, según el gremio, genera una situación de competencia desigual y limita la recaudación potencial del Estado.

Las declaraciones de la ACCJ vuelven a poner en el centro del debate la necesidad de avanzar con el proyecto de ley que busca regular las apuestas online en Chile, actualmente en tramitación en el Senado. Para los casinos, la prioridad debería ser establecer un marco regulatorio integral que contemple requisitos de operación, controles de cumplimiento, medidas de protección al jugador y obligaciones tributarias equivalentes para todos los actores del mercado.

Mientras tanto, la decisión del SII continúa dividiendo posiciones dentro de la industria. Por un lado, los operadores online consideran que la medida aporta certeza tributaria y representa un paso hacia la futura regulación del sector. Por el otro, los casinos presenciales sostienen que el Estado corre el riesgo de otorgar una validación indirecta a una actividad que aún carece de reconocimiento legal expreso.

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