Apuestas deportivas: Brasil evalúa mecanismos contra el juego patológico
Las autoridades barajan la creación de una línea telefónica o algún tipo de asistencia mediante el Sistema Único de Salud.
Brasil.- El proceso de regulación de las apuestas deportivas en Brasil suma un nuevo capítulo. Según trascendió en medios brasileños, tras meses de debate, el Ministerio de Hacienda informó que el borrador del texto que regularía el sector ya está listo.
Sin embargo, aún restaría la definición de las formas. Si bien se planteó la posibilidad de que el texto sea tramite como proyecto de ley con urgencia constitucional, el Ministerio de Hacienda, encabezado por Fernando Haddad, apuntaría a una medida provisional. ¿Los motivos? La misma sería de acción inmediata.
Mientras tanto, de acuerdo con el sitio Metrópoles, el Gobierno federal está considerando incluir mecanismos para frenar y tratar la adicción a los juegos de azar. La iniciativa plantearía la intervención del Ministerio de Salud, facilitando una línea telefónica para los jugadores brasileños.
Otra posibilidad es la creación de algún tipo de asistencia con profesionales de salud mental del Sistema Único de Salud (SUS). Estos mecanismos podrían concretarse en una etapa posterior del proceso regulatorio.
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Asimismo, se señaló que las normas de comunicación, publicidad y mercadeo, como por ejemplo el tiempo de emisión de los anuncios y el formato de los anuncios en línea, serían elaboradas en alianza con el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (Conar).
Principales puntos de la regulación
De acuerdo con estimaciones, el Gobierno podría recaudar entre R$ 12.000m (USD2.460.216.000) y R$ 16.000m (USD3.280.288.000) mediante la regulación de las apuestas deportivas.
Las empresas tendrán un plazo de 180 días para registrarse en Brasil. Las mismas deberán presentar un plan de negocios y tener sede en el país. Asimismo, las empresas deberán abonar una tasa de concesión de R$ 30m (USD6.150.540) por cinco años.
Asimismo, según trascendió, la norma establece un impuesto del 16 por ciento a las empresas sobre los ingresos brutos de juego (GGR, ingresos brutos de juegos, menos las primas pagadas a los jugadores). Las casas de apuestas se quedarán con el 84 por ciento restante (beneficios y costes del operador).
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Sobre el premio recibido por el apostador será gravado el 30 por ciento del Impuesto a la Renta, respetando la exención de R$ 2.112,00 (USD432,99). Del 16 por ciento que se cobrará sobre los ingresos que obtengan las empresas del sector, se hará la siguiente asignación:
- 10 por ciento: seguridad social.
- 2,55 por ciento: Fondo Nacional de Seguridad Pública, para las acciones de lucha contra el amaño de partidos, el blanqueo de capitales y otros actos de carácter delictivo que puedan practicarse en el marco de las apuestas o relacionados con ellas.
- 1,63 por ciento: clubes deportivos.
- 1 por ciento: Ministerio de Deportes.
- 0,82 por ciento: educación básica.
El Gobierno también prevé la creación de una agencia de integridad para monitorear las apuestas y loterías, lo que debe hacerse por proyecto de ley. El Ministerio del Deporte será el encargado de preparar este proyecto. Aún está prevista la creación de una secretaria, en la estructura de Hacienda, con 80 cargos. La solicitud de creación de plazas ya ha sido presentada al Ministerio de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos.
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Ley de 2018
El texto preparado por el Ministerio de Hacienda modifica las tasas impositivas definidas por la Ley 13.756/18. En ese entonces, se había definido que las empresas tributarían al 5 por ciento sobre los Ingresos Brutos del Juego (GGR) y los porcentajes eran los siguientes:
- El 2,55 por ciento para la Fuerza Nacional de Seguridad Pública (FNSP)
- El 1,63 por ciento para entidades deportivas
- El 0.82 por ciento para escuelas públicas
Las casas de apuestas deportivas fueron autorizadas en Brasil en 2018. Sin embargo, la legislación nunca fue reglamentada. El tema volvió a la agenda a fines del 2022, cuando vencía el plazo previsto por la ley y cobró mayor fuerza en el inicio de este año, ante el conocimiento de múltiples casos de arreglo de partidos, muchos de los cuales quedaron enrolados en la conocida Operación Maximum II u Operación Pena Máxima.
