Allanamiento en Bolivia: incautan 3 máquinas y detienen a uno de los involucrados
El recinto ilegal funcionaba dentro de un domcilio particular. La estrategia de la Autoridad de Fiscalización del Juego incluye no solo el actuar directo en el terreno, sino también la promoción de una cultura de denuncia.
Bolivia.- La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) llevó a cabo un operativo en Cochabamba que culminó con el decomiso de tres máquinas de juego ilegales. La intervención se realizó el jueves 12 de junio en un local ubicado en la esquina de Tutayay y Manka P’aki, en la zona Mayorazgo.
Este lugar, que funcionaba dentro de un domicilio particular, fue sorprendido en pleno funcionamiento, llegando incluso a encontrarse a una persona jugando, lo que permitió identificar al responsable de la operación.
El allanamiento resalta un aspecto preocupante de este tipo de establecimientos: se utilizan grupos de WhatsApp para atraer a personas vulnerables, en particular a aquellas que padecen ludopatía, sin aplicar las medidas de control necesarias ni cumpliendo con ningún tipo de regulación. Esta estrategia de captación pone de relieve el doble riesgo que suponen tanto la ilegalidad de la actividad como la exposición de personas en situación de vulnerabilidad a conductas adictivas.
Recientmente, y parte de un plan mas grande para erradicar estos sitios, las autoridades llevaron un operativo que intervino un inmueble donde se desarrollaba un juego de poker que no contaba con las autorizaciones correspondientes, en la zona Recoleta, de la ciudad de Cochabamba. Además, en el lugar, se encontraban 12 personas que iban a participar del juego ilegal. Por otra parte, la AJ transmitió que el establecimiento estaba camuflado dentro de un local de comidas.
La AJ invita a la ciudadanía a denunciar de forma anónima cualquier indicio de funcionamiento de salas de juego irregulares a través de la página web oficial. Operar establecimientos de juego sin la debida autorización trae consecuencias legales, incluyendo el inicio de procesos judiciales y la imposición de multas que ascienden a 5.000 UFV (USD 170) por cada medio de juego decomisado.
