ACCJ cuestiona la decisión del SII y pide una regulación “intensiva” para el juego online en Chile
Luis Cordero, asesor legal externo de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, explicó el recurso presentado ante la Contraloría y sostuvo que el debate no puede reducirse al pago de impuestos. El gremio reclama un marco que contemple licencias, controles, protección al consumidor y condiciones equivalentes para los distintos actores.
Chile.- La Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ) volvió a plantear sus reparos frente al tratamiento que el Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a las plataformas de apuestas online. Esta vez, el exministro y asesor legal externo del gremio, Luis Cordero, explicó en declaraciones al diario La Segunda los fundamentos del recurso presentado ante la Contraloría y dejó planteada cuál es, para la asociación, la salida que debería adoptar Chile: una regulación integral y con fuertes mecanismos de control.
El planteo de la ACCJ parte de una diferencia central: tributar no equivale a estar autorizado para operar. Cordero cuestionó que el mecanismo impulsado por el SII pueda terminar transmitiendo una señal de normalización de una actividad que, según la interpretación del gremio, todavía no cuenta con un régimen de licencias y controles sectoriales.
“Llama la atención que el SII adopte una decisión que, además de ilegal, es inconveniente”, sostuvo el exministro, al explicar las razones que llevaron a la ACCJ a recurrir ante la Contraloría.
Para el dirigente, el problema no está únicamente en la cuestión tributaria. La inscripción ante el organismo fiscal y el pago de impuestos pueden generar, según su lectura, una apariencia de legalidad para operadores que no están sometidos a un sistema específico de autorización, fiscalización y protección de los usuarios.
Lejos de plantear que el juego online deba permanecer sin regulación, Cordero sostuvo que la posición de la asociación es avanzar hacia un esquema de “regulación intensiva”.
En ese esquema, la discusión debería incorporar cuestiones que exceden el pago de impuestos, como la accesibilidad al juego, la publicidad, los mecanismos de protección de los consumidores, el control de los operadores y las condiciones en las que pueden desarrollarse las actividades de apuestas.
Cordero utilizó como referencia el modelo de los casinos físicos para marcar la diferencia con el escenario online. En los establecimientos presenciales existen controles sobre el acceso, los usuarios, los flujos de dinero y determinados aspectos de la operación. En el entorno digital, sostuvo, buena parte de esos mecanismos resultan más difíciles de aplicar si no existe un marco regulatorio específico.
Tres preocupaciones para la ACCJ
En su argumentación, el asesor de la ACCJ ubicó el debate en tres áreas que considera especialmente sensibles.
La primera es la salud pública y la protección de los consumidores. Cordero cuestionó que el modelo online no cuente con mecanismos equivalentes a los de los casinos físicos para controlar el acceso y la exposición de los usuarios al juego.
La segunda es la integridad económica y la prevención de delitos. En este punto, mencionó los riesgos vinculados con el lavado de activos y destacó las diferencias entre los controles aplicables a los casinos físicos y los que pueden establecerse sobre plataformas que operan digitalmente.
La tercera preocupación tiene que ver precisamente con la señal que entrega el tratamiento tributario. Para la ACCJ, permitir que una plataforma se registre y tribute puede generar en el mercado y entre los consumidores la percepción de que su actividad está habilitada, aun cuando no exista una licencia sectorial.
El planteo adquiere una dimensión adicional por el tipo de mercados que pueden ofrecer algunas plataformas. Cordero llamó especialmente la atención sobre la posibilidad de apostar sobre decisiones públicas, como la tramitación de proyectos de ley o fallos de la Corte Suprema, una práctica que calificó de “extremadamente riesgosa para la democracia”.
El argumento central de la ACCJ es, por lo tanto, que la recaudación fiscal no debería determinar por sí sola el tratamiento del juego online.
“La discusión es mucho más que tributaria”, remarcó Cordero al medio chileno al ser consultado sobre el debate dentro del Gobierno chileno respecto de qué hacer con la actividad.
Desde la perspectiva del gremio, el desafío pasa por definir primero qué condiciones debe cumplir un operador para funcionar legalmente, qué controles debe aceptar y qué obligaciones debe asumir frente a los consumidores y al Estado. La tributación debería formar parte de ese esquema, pero no sustituirlo.
