SOFTSWISS analiza la regulación del juego en línea en Perú

El Gerente Regional de Desarrollo de Negocios de SOFTSWISS, Jonathan Felix Vilchez, brinda su visión experta.

Comunicado de prensa.- En agosto de 2022, el Presidente de la República del Perú firmó una ley que regula el funcionamiento de los juegos de azar y apuestas deportivas en línea. La ley entró en vigor inmediatamente después de su firma. El Gerente Regional de Desarrollo de Negocios de SOFTSWISS, Jonathan Felix Vilchez, brinda su opinión experta en el comentario a continuación.

Sin duda, la aprobación de la ley que regula la explotación de los juegos a distancia y las apuestas deportivas es una buena noticia. El 15 de julio, el Congreso de la República, por mayoría de votos, aprobó el proyecto de ley.

El 12 de agosto, en un acto especial, el Presidente de la República, Pedro Castillo, firmó la Ley N° 31557, que la formalizó y promulgó. Tres presidentes y tres congresos pasaron desde 2018 cuando el Reglamento General de Juegos de Casino y Tragamonedas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) presentó formalmente la iniciativa del proyecto de reglamento. Después de cuatro años, finalmente se logró la aprobación y la ley se hizo oficial, con un trabajo conjunto y consensuado entre el poder legislativo y ejecutivo en beneficio del país y la industria de los juegos de azar.

Para SOFTSWISS, como líder de la industria, la aprobación de esta ley juega un papel importante. En primer lugar, abre el potencial para los clientes presentes y futuros de la empresa. Los expertos predicen que el mercado peruano crecerá rápidamente debido al desarrollo de la industria de iGaming en la región.

En segundo lugar, la regulación del mercado peruano abrirá oportunidades para nuevas asociaciones en LatAm, donde SOFTSWISS está expandiendo rápidamente su influencia.

Esta ley consta de 63 artículos que, desde nuestro punto de vista, dan un marco legal, administrativo y tributario que favorece e incentiva el desarrollo del mercado peruano y las inversiones internacionales de empresas multinacionales e inversionistas en general.

La ley establece que el ente regulador MINCETUR actuará como la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas encargada de ejecutar esta función.

Consideramos que esta ley favorece el desarrollo del mercado peruano porque el artículo 7 se refiere a la Autorización de Explotación de plataformas tecnológicas que incluyen empresas constituidas en el país, pero también empresas extranjeras con sede en el extranjero.

Los artículos del Capítulo X detallan las obligaciones del pago de impuestos, las disposiciones complementarias y modificatorias, la creación de la responsabilidad y la tributación, mientras que el Capítulo IV se refiere a las formas y obligaciones de pago, las cuales comienzan desde el momento en que se vende el primer boleto de apuesta.

En ese sentido y conociendo el nivel de profesionalismo y supervisión de la agencia tributaria peruana (SUNAT) es difícil pensar que alguna empresa dejará de pagar, además de los derechos de uso, otros impuestos como el impuesto a la renta porque estaría prestando un servicio tecnológico dentro del territorio peruano.

Por otro lado, creemos que los vacíos tributarios serán corregidos a través de un Decreto Supremo de esta dependencia, en ese sentido creemos que este punto será detallado en el reglamento técnico que el regulador tiene que desarrollar y presentar en los próximos cuatro meses. En esta materia tributaria, creemos plenamente que la agencia tributaria tiene facultades suficientes para dictar las normas y disposiciones complementarias.

El artículo 8 se refiere a la Autorización y Registro (Homologación) a la que deberán someterse las plataformas tecnológicas, los juegos, los sistemas progresivos, todos los componentes de los juegos, las pasarelas de medios de pago, entre otros. De acuerdo con este artículo, para solicitar autorización para operar en el mercado, cada empresa se someterá a un riguroso proceso de debida diligencia, KYC y AML, con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Superintendencia de Bancos y Seguro (SBS).

Tras superar y aprobar este procedimiento, las empresas obtendrán la autorización (licencia ONLINE) durante seis años. También deberán pagar una garantía equivalente a 200 UIT (Unidades Tributarias: 01 UIT = 4.600 PEN), lo que equivale a USD240.000. Esta garantía puede presentarse mediante carta fianza, depósito bancario o póliza de caución y debe renovarse anualmente por el período de autorización.

La autorización también incluye agencias de apuestas presenciales (canales minoristas) que pueden vincularse al mismo titular de la licencia en línea u otra persona jurídica relacionada. La ley ha fijado el pago para cada agencia de apuestas con una garantía de 5 UIT, equivalente a USD6.000.

Debe renovarse cada año por el período de autorización. Creemos que este es el punto principal que ha generado oposición a esta ley porque podría constituir un alto presupuesto financiero para algunas empresas locales: el presupuesto total del pago de esta garantía está en función del número de agencias que se definen para fiscalizar el mercado.

En este nuevo escenario, consideramos necesario reestructurar el plan de negocios y estrategia comercial de cada operación enfocada a desarrollar y potenciar aún más el canal online en los próximos años, manteniendo una presencia estratégica en el canal retail en el país.

La ley ha establecido que no habrá más jugadores anónimos y apuestas del lado del cliente. Cada operador a través de las plataformas deberá cumplir formalmente con el registro e identificación de los jugadores quienes deberán acreditar ser mayores de edad, ya sean peruanos o extranjeros. También ha establecido que los medios de pago a utilizar serán todos aquellos permitidos por la ley (efectivo, tarjetas de débito y crédito, transferencias bancarias, otros). Las criptomonedas siguen prohibidas.

El ente regulador aún tiene previsto elaborar y presentar el reglamento técnico de esta ley, el cual deberá ser aprobado y publicado a través del diario oficial El Peruano en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la firma de la ley por parte del Presidente de la República. En esta etapa sugerimos al gobierno y al regulador que convoque a empresas, empresarios y consultores especializados del país y del exterior para escuchar y recibir los aportes de cada uno y facilitar la elaboración de un reglamento técnico completo.

Después de la aprobación del reglamento técnico, la ley entrará en vigor después de 2 meses. De acuerdo al plazo establecido, la ley entraría en vigencia en marzo de 2023, fecha a partir de la cual el Estado peruano recibirá los ingresos por los derechos de explotación de esta actividad y los distribuirá de la siguiente manera:

• 20 por ciento de ingresos al tesoro público,
• 20 por ciento será transferido al Ministerio de Salud para el programa de Salud Mental
• 40 por ciento de los ingresos para el MINCETUR (25% se destinará a tareas de control y fiscalización de la actividad de juego; 75 por ciento se destinará a la promoción y desarrollo del turismo)
• El 20 por ciento será transferido al Instituto Peruano del Deporte (IPD) para promover el deporte de masas a nivel nacional.

Según cálculos del regulador gubernamental, se espera recaudar 160 millones de soles (40 millones de dólares en promedio). Sin embargo, a partir de nuestro análisis y conocimiento del potencial de desarrollo del mercado peruano, creemos que la suma final podría ser mayor cada año. Consolida la maduración del mercado del juego peruano y la entrada de nuevos operadores. También recordamos el desarrollo y crecimiento del mercado colombiano y las primeras cifras de crecimiento del mercado argentino.

Aún queda un largo camino por recorrer. Países como Colombia, Argentina y Panamá ya regularon dichos procesos y el hecho de que Perú se haya sumado a ese recuento es un paso fundamental y decisivo. Somos optimistas y continuaremos monitoreando cualquier desarrollo. Además, estamos dispuestos a contribuir con el sector trabajando con el regulador como lo hemos hecho antes con reguladores como Coljuegos (Colombia) en un mercado regulado.