Segob pide el desplazamiento del juez que levantó bloqueos de sitios del Grupo Salinas
Luego de impugnar su habilitación para que los casinos investigados operen mientras se los investiga, la secretaría busca que sea otro juez el que defina la sentencia.
México.- La Secretaría de Gobernación (Segob) pidió remover al juez federal Francisco Javier Rebolledo del expediente en el que habilitó reanudar el funcionamiento de los sitios de apuestas Bet365 y Betano, previamente suspendidos por sospechas de lavado de dinero y vinculados a Ganador Azteca, la empresa de casinos en línea de Ricardo Salinas Pliego.
La solicitud surge después de que un Tribunal Colegiado modificara la suspensión provisional otorgada por el magistrado, al señalar que la ley no permite mantener en operación plataformas de juego mientras están bajo indagatoria. Segob busca que Rebolledo no sea quien resuelva la suspensión definitiva prevista para el 15 de diciembre.
El juicio
De acuerdo con medios mexicanos, durante el juicio Rebolledo aplicó una suspensión provisional para dejar sin efecto, de manera temporal, la orden del gobierno de bloquear o deshabilitar los sitios Bet365 y Betano. Con esa decisión, permitía que la empresa siguiera operando los dominios y que «no se obstaculice ni se restrinja el acceso del público suscriptor e inscrito a dichas plataformas digitales, en términos al permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2018”.
Sin embargo, luego la Segob presentó un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado que lo declaró parcialmente fundado y modificó la suspensión. El Tribunal sostuvo que la legislación vigente impide autorizar suspensiones que permitan continuar con actividades de apuestas, incluso cuando se desarrollen únicamente en línea. La empresa, no obstante, podrá conservar el control de sus dominios, aunque sin operar juegos ni sorteos.
En su fallo, el Tribunal remarcó: “Debe negarse la medida suspensiva cuando la concesión pueda favorecer, ayudar, auxiliar o cooperar de manera efectiva en operaciones con recursos de procedencia ilícita o en conductas ilícitas relacionadas, lo cual no está demostrado plenamente en el presente asunto”.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente la decisión de Segob y sostuvo que “no había ninguna razón” para permitir la reapertura de los casinos. Durante su conferencia, afirmó que el asunto es estrictamente jurídico y no político, y que forma parte de un conflicto más amplio relacionado con obligaciones fiscales del Grupo Salinas. También subrayó que, ante cualquier presunción de lavado de dinero, el Estado está obligado a presentar denuncias penales y actuar de manera inmediata.
Antecedentes
El conflicto comenzó cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos financieros irregulares en 13 casinos vinculados. Según la Hacienda, había altos volúmenes de efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, lo que encendió alertas de posible lavado de dinero. Como consecuencia, en noviembre el Gobierno bloqueó cuentas, dominios y operaciones de estos establecimientos y clausuró los locales.
Según la investigación, varios de estos casinos registraron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además de operar a través de plataformas digitales. Además, utilizaban a personas cuyos perfiles económicos no correspondían con los montos manejados y, a cambio de una comisión, estos intermediarios transferían la totalidad de los fondos a los beneficiarios reales.
A pesar de la ofensiva legal, Rebolledo defendió su criterio y aseguró que no existen pruebas de lavado de dinero. Por ahora, otro órgano judicial deberá determinar si el juez continúa o no al frente del caso.
