El Gobierno de México impugna el fallo que habilitaba la reapertura de los casinos de Grupo Salinas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La administración de Claudia Sheinbaum insiste en mantener clausuradas las salas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego, pese a una orden judicial que permitió su reactivación.

México.- El conflicto entre el Gobierno de México y los casinos vinculados al empresario Ricardo Salinas Pliego sumó un nuevo episodio, luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) impugnara la resolución de un juez federal que ordenaba levantar el bloqueo impuesto sobre estos establecimientos. Las salas, administradas por empresas del Grupo Salinas como Ganador Azteca, operadora de marcas como Bet365 y Betano en el país, habían sido clausuradas en noviembre tras una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente la decisión de Segob al considerar que “no había ninguna razón” para permitir la reapertura. En su conferencia matutina, enfatizó que el caso es estrictamente jurídico y no político, en el contexto de una disputa más extensa por obligaciones fiscales del grupo empresarial. “Siempre que hay presunción de lavado de dinero, se presenta denuncia penal. Es obligatorio”, subrayó.

“Impugnaron esa resolución por parte de Gobernación y ya lo puede explicar la secretaria (Rosa Icela Rodríguez) o lo podemos traer aquí un día el tema […] Desde nuestra perspectiva no había ninguna razón y por eso hay la impugnación por parte de la Secretaría de Gobernación a la siguiente instancia”, señaló Sheinbaum.

El origen del conflicto se remonta al amparo concedido por el juez Francisco Javier Rebolledo Peña, quien ordenó suspender el bloqueo de cuentas, dominios y operaciones ordenado por la UIF. La medida habilitaba a los casinos a reabrir temporalmente, pero la rápida impugnación del Ejecutivo frenó ese escenario. La revisión del caso continuará en una nueva audiencia prevista para el 8 de diciembre, mientras que la sentencia definitiva llegaría recién en enero de 2026.

En paralelo, Sheinbaum destacó el rol del Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de sancionar a jueces en casos donde existan sospechas de corrupción o tráfico de influencias. “Ese tribunal tiene que funcionar adecuadamente”, señaló, aunque aclaró que no se trata de perseguir a todos los jueces, sino de transparentar procesos.

La investigación inicial de la Secretaría de Hacienda detectó movimientos irregulares en 13 casinos distribuidos en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Según la UIF, estos establecimientos registraban altos volúmenes de operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

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